LEIRE PÉREZ
Miércoles, 23 de noviembre 2016, 00:25
Tras varios tiras y aflojas y dos reuniones fallidas, el alcalde de Basauri, Andoni Busquet, y Rodrigo Díez, director de producción de SEPES, sociedad dependiente del Ministerio de Fomento y propietaria de los terrenos de La Basconia, mantendrán el próximo miércoles un encuentro en Madrid ... para dilucidar el futuro de un solar en el que estaba prevista la construcción de 1.300 viviendas protegidas. La reunión supone un acercamiento después de cinco años de relación en dique seco. El terreno fue adquirido por el Ejecutivo de Zapatero cuando la socialista Loly de Juan ejercía de alcaldesa en el municipio e iba a convertirse la primera actuación de esta entidad estatal en una localidad vasca y en un hito de colaboración entre diferentes instituciones. Pero el cambio de Gobierno local dio al traste con el proyecto.
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Busquet y su equipo preferían combinar un uso residencial con uno empresarial. Precisamente, proponer unos nuevos usos a un terreno que está condicionado a una recalificación el Gobierno local socialista no llegó a aprobar una modificación del solar fue lo último que hizo el actual alcalde nacionalista, y de eso han pasado más de cinco años. El Ejecutivo basauritarra mantuvo dos reuniones con representantes del Gobierno central en 2011 y, ante la falta de entendimiento, el plan quedo en suspenso. Ayer, el regidor manifestó que el encuentro es una «buena noticia que abre las puertas al desarrollo del municipio» y, en tono conciliador, aseguró que «acudimos con una actitud constructiva y favorable al entendimiento».
Construcción «excesiva»
«La mejor forma de servir a los vecinos y ofrecer un futuro a los terrenos de La Basconia es la colaboración institucional. Queremos que se pueda comenzar a actuar cuanto antes», apuntó Busquet, que no acusó a la sociedad, como en anteriores ocasiones, de una «visión mercantilista». Suaviza las formas el mandatario, que también se encuentra enfrentado con el Ministerio de Fomento por la regeneración del centro de la localidad.
El encuentro será posible después de que la asociación de vecinos de Larrazabal instase al alcalde a reunirse con SEPES en una moción que aprobó el pleno del Ayuntamiento antes de verano. También después de que la sociedad estatal defendiese en el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana la construcción de 1.300 viviendas en base al convenio que el Consistorio y el Estado firmaron en 2009. La cifra de pisos, a juicio del equipo de gobierno, «excesiva e injustificada para la demanda existente».
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