LEIRE PÉREZ
Viernes, 28 de octubre 2016, 00:02
La zona oeste del barrio basauritarra de San Miguel sufrirá en los próximos años una completa transformación. A la construcción de más de doscientas viviendas protegidas se sumará la edificación de un inmueble dotacional, en el que se construirán 36 viviendas de alquiler a precios ... asequibles y que estarán dirigidas a personas con pocos recursos. Los residentes, sin embargo, temen que se pueda abrir la veda a problemas de convivencia similares a los de otros barrios de la localidad como, por ejemplo, Larrazabal. Más aún en un barrio, el de San Miguel, que ya antaño sufrió ese tipo de conflictos en la zona de las antiguas infraviviendas, sobre las que hoy en día se levantan las VPO.
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La asociación de vecinos ha reclamado al Ejecutivo local que únicamente se oferten los pisos dotacionales a «jóvenes» y a «basauritarras», una solicitud que ayer en el pleno el alcalde, Andoni Busquet, se comprometió a trasladar a la Administración autonómica, aunque adelantó que la «totalidad», como piden los vecinos, es «imposible». Busquet se dirigió a los residentes después de que la Corporación aprobara de forma definitiva el convenio que dará vía libre a la construcción del bloque, en la trasera de la Taberna Mayor.
La oposición en bloque solicitó al Ejecutivo local que se paralizase la aprobación del acuerdo para que se pudiera devolver el documento a la comisión e incluir la petición vecinal. Sin embargo, la ausencia de una concejala del PSE se tradujo en un empate que resolvió el mandatario local con el voto de calidad.
Cinco años
El regidor criticó además que se quisiera retrasar la tramitación porque podría suponer «perder un tren». «Hay 700 basauritarras apuntados para acceder a un piso de alquiler», recordó. Desde el PP, Gabriel Rodrigo pidió anexionar un documento al convenio en el que se pida que tengan preferencia jóvenes y basauritarras. «No creo que un mes nos robe la vida», señaló, mientras la portavoz del PSE, Soraya Morla, censuró la «masificación» del lugar.
En el convenio se fijan los deberes de cada una de las dos partes y la creación de una comisión de seguimiento. El edificio será el primero de estas características que se construye en la localidad y los inquilinos podrán permanecer en los pisos durante un máximo de cinco años.
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