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El caso de Lidia Gil es posiblemente único. Tiene 88 años. Vive en un modesto piso del barrio Mamariga de Santurtzi desde 2012. Y un fondo de inversión relacionado con un banco la quiere desahuciar. Ayer quedó suspendido el juicio en el que se debía ... dilucidar si la echaban a la calle o si podía seguir residiendo en el que es su hogar desde hace ocho años. Hasta aquí suena a una historia que ha pasado otras veces. Sin embargo, hay algo de particular en la situación de Lidia. La mujer, que se ganó la vida como modista, era dueña de una pequeña casita que se levantaba sobre un solar de 188 metros cuadrados. Hace unos 15 años llegó a un acuerdo con una promotora del constructor Jabyer Fernández: ella cedía sus derechos urbanísticos y el hombre de negocios levantaba un edificio de viviendas en la zona. A cambio, la propietaria recibiría un piso, cinco millones de las antiguas pesetas, un trastero y una plaza de garaje.
El tiempo pasó. Las máquinas echaron abajo el inmueble, pero a Lidia nunca le entregaron el piso prometido, según denuncia el despacho de abogados que la representa. De forma paralela, Fernández, que nació y creció precisamente en Mamariga (sus padres eran conocidos de Lidia), vio cómo el imperio de empresas que había levantado se venía abajo. El constructor acabó en la cárcel -salió el año pasado- por un delito de insolvencia punible y es el mayor moroso de la Hacienda de Bizkaia, según el listado que la Diputación publica todos los años.
En 2012, Lidia fue realojada de forma temporal en su actual hogar, un piso distinto al pactado y que acabó cayendo en manos del fondo de inversión ante la deuda de la constructora que lo había levantado. Ayer, Jabyer no se personó en el Palacio de Justicia de Barakaldo donde debía declarar como testigo. Tampoco lo hicieron otras dos personas citadas y relacionados en su día con el extinto grupo Afer. Sólo acudió el arquitecto municipal de Santurtzi, Jon Basabe. Ante esta situación, el juez optó por suspender la vista y aplazarla hasta noviembre. Jabyer y el resto de incomparecientes podrían ser multados con entre 180 y 600 euros.
Entretanto, Lidia sigue esperando «con angustia». «No duermo por las noches», cuenta. Su abogada mantiene vivo un litigio con el Ayuntamiento de Santurtzi, al que responsabiliza de no haber vigilado que la constructora cumpliera el acuerdo de realojo de todos los vecinos, ya que el Consistorio dio el visto bueno a aquella operación urbanística y podría ser responsable subsidiario. «He sido una mujer luchadora, pero ya casi no me quedan fuerzas», decía Lidia, apoyada en dos bastones antes de entrar a la sala. «No soy una 'okupa', soy una víctima que solo busca Justicia».
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