Casi la mitad de los beneficiarios de un alquiler municipal en Bilbao lo rechaza

Viviendas Municipales, organismo autónomo adscrito al Consistorio de Bilbao, señala que «el 45% de las propuestas de adjudicación acaban siendo rechazadas», aunque eso implique estar «dos años» excluido de las listas de demandantes de Etxebide. Los motivos puntualizan que son varios. Entre ellos, que «la vivienda de la que han sido beneficiados esté en un barrio distinto al de la residencia efectiva». Los demandantes no pueden exigir que se les otorgue en su propio distrito y el reparto de los domicilios que cuentan con este tipo de protección es bastante dispar. Mientras que en Otxarkoaga hay cerca de 1.216 pisos municipales, en Deusto la cifra se reduce hasta los 487 y en el distrito de Uribarri apenas se encuentran 86 hogares.

Otra razón por las que los beneficiarios deciden no aceptar es «que el inmueble está lejos del trabajo, la escuela o deslocalizada del centro sanitario». Pero también hay solicitantes que después de estar años en las listas toman la decisión de no entrar en un piso municipal por tener que invertir dinero para adecuar o comprar parte de mobiliario de un piso que, como tal, no es de su propiedad. Así y todo, el Consistorio alega que antes de entregar las llaves a un nuevo inquilino -los contratos tienen una vigencia máxima de 7 años- se realiza una reforma que puede durar «tres meses«.

Que cuatro de cada diez bilbaínos a los que se les concede una vivienda municipal la rechace no deja de sorprender. Sobre todo porque ante la carestía de los alquileres en el mercado libre y las consecuencias de la inflación, las listas de demandantes lejos de contenerse van en aumento. A principios de este año, Etxebide reunía a 10.910 solicitantes pendientes de conseguir una de las cuatro mil viviendas municipales que hay disponibles. Hay que tener en cuenta que aunque el número es elevado, sólo 130 rotan de forma anual a consecuencia de «extinciones de contratos de alquiler o de entrega de llaves». Así, la espera para ser el arrendador de una residencia municipal es más bien larga.

Y cabe recordar que para poder acceder a un domicilio los solicitantes deben estar inscritos en Etxebide, contar con al menos dos años de antigüedad en el padrón municipal y disponer de unos ingresos anuales menores a 43.755 euros. Con estos requisitos cumplimentados, «las viviendas son adjudicadas según el sistema de idoneidad establecido en el reglamento».

Ante la amplia demanda y después de que el Ararteko considerara en marzo que el Ayuntamiento debía incrementar su parque público residencial al constatarse una «situación de sobreocupación», Viviendas Municipales ha asegurado que «trabaja a diario para identificar oportunidades» de ampliar la oferta.

Si hace algo más de un año el Ayuntamiento adquirió 27 viviendas ubicadas en las calles Fika e Iturribide, este mayo se ha aprobado la construcción de otros 93 apartamentos dotacionales en Amezola. Estos últimos, que tendrán un contrato máximo de cinco años y que se unirán a los otros 66 que ya funcionan, «están pensados principalmente para apoyar la emancipación de las personas jóvenes, así como para aquellas con mayores necesidades». El precio mensual oscilará entre los 150 y los 350 euros.

Al mismo tiempo, desde el organismo explican que será «un próximo Plan de Inversiones asociado a la declaración de zonas tensionadas el que dará cuenta de las posibilidades de incremento de recursos residenciales».