La mitad de los aspirantes a comprar una VPO vive en casa de sus padres

Un análisis sobre la situación de los solicitantes elaborado por el Observatorio Vasco de Vivienda revela que la tasa más alta de inscritos que viven en el hogar familiar se da en Bizkaia, donde son el 49,2% de los demandantes de vivienda pública. En Álava, el porcentaje se reduce al 46,2% y en Gipuzkoa, al 43,6%, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas.

La emancipación de los jóvenes es uno de los retos del Ejecutivo autonómico, aunque ha sufrido un ligero retroceso en los últimos años según un reciente informe del Consejo de la Juventud estatal, que subraya que la situación del mercado inmobiliario y del laboral hizo que el año pasado hubiera en el País Vasco menos jóvenes emancipados que en 2021. Del 15,5% de ese año ha bajado al 14,4% registrado el 31 de diciembre de 2022.

Seis de cada diez inscritos en Etxebide, de hecho, apuntan a la necesidad de emanciparse como el motivo principal de su necesidad de comprar una vivienda. «Corresponden al perfil que era más habitual en el pasado de personas o parejas no emancipadas que residían todavía en la vivienda familiar de sus progenitores y que querían acceder a su primera vivienda», advierte el estudio del Gobierno vasco.

En el mismo informe, que recoge que el otro 3,8% de los solicitantes vizcaínos se ha podido mudar gracias a que su entorno le ha cedido una vivienda, se destaca que los jóvenes son «optimistas» sobre sus posibilidades de adquirir un piso protegido este 2023. Es más, el 46,6% aseguran que tendrían ayuda económica de su familia y un 87,9% disponen de algunos ahorros propios.

Sin embargo, el importe medio de las hipotecas que tendrían que firmar se situaría «en el entorno de 130.000 euros», lo que representa «un porcentaje significativo del precio final de la vivienda -suelen oscilar entre los 140.000 y los 180.000 euros- y un coste hipotecario considerable». Pese a ello, recurrir a las VPO es la única opción para muchos jóvenes vizcaínos, como defiende un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud. Un asalariado de entre 18 y 34 años debería destinar a la adquisición de un piso libre el 52,9% de sus ingresos mensuales, algo inviable. En el caso de las viviendas protegidas, la cuantía a abonar se reduce al 28,8% del salario neto mensual.

Las personas solicitantes de un piso, además, tienen una renta familiar inferior a la media. Entre quienes no han podido esperar a ser adjudicatarios de una VPO para mudarse -sobre todo parejas con niños que residen de alquiler-, los ingresos se sitúan en Bizkaia en torno a los 27.364 euros, frente a los 45.266 de renta media de los hogares vascos. Esto, sostiene el informe, «pone de manifiesto lo apremiante de esta necesidad también para estos colectivos», que además señalan mejorar las condiciones de habitabilidad (en el 21,6% de los casos) y pagar menos (el 25,9%) como razones de mayor peso para ser demandantes de vivienda.