El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha dado el visto bueno a la solicitud formulada por el vertedero de Lemoa para ampliar su actividad y construir una nueva celda de residuos no peligrosos en la zona de Bistibieta. La decisión implica que la ... empresa propietaria de la instalación (FCC Ámbito) pueda aumentar en 232.100 metros cúbicos su capacidad de vertido, lo que supone un incremento del 16% con respecto a la masa total de su depósito actual. La superficie dedicada a acoger materiales de desperdicio pasará de 75.000 a 103.000 metros cuadrados, con lo que la cota de altura crecerá de 80 a 185 metros.
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La ampliación aprobada, no obstante, difiere del proyecto que presentó hace tres años FCC Ámbito. Inicialmente, la compañía había puesto sobre la mesa un plan más ambicioso y que cifraba el incremento previsto en 587.427 metros cúbicos. Aquella propuesta se puso sobre la mesa muy poco después del desastre de Zaldibar, un desplome en el que murieron dos personas (los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán) y causó un grave problema ambiental en el País Vasco, con una capacidad muy limitada a partir de entonces para acoger los residuos de su industria y del sector de la construcción, sobre todo. Bistibieta, por ejemplo, pasó a ser el único negocio autorizado en Euskadi para admitir la entrada de restos de fibrocemento (material de construcción que contiene amianto)
Esa primera petición no fue bien acogida por la consejería de Medio Ambiente, mientras que el Ayuntamiento de Lemoa, gobernado entonces por EH Bildu, mostró un rechazo frontal. La ampliación ahora autorizada permitirá al vertedero de Bistibieta prolongar su actividad en dos años y medio (ahora mismo está casi lleno), ya que se prevé que el aporte de desechos roce los 100.000 metros cúbicos anuales.
El plácet otorgado por el Ejecutivo autonómico lleva implícito el cumplimiento de una serie de medidas correctoras y de vigilancia ambiental. Una de las exigencias es actualizar la fianza depositada, que ascenderá a 2,4 millones de euros. Además, la empresa tendrá que construir cuatro pozos adicionales a los doce ya existentes para la desgasificación de la nueva celda.
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Igualmente se imponen una serie de límites de ruido durante la fase de construcción pero también durante la explotación. Y habrá también una especial vigilancia de los movimientos de tierras. Mención aparte merece el tratamiento de los olores. Bistibieta lleva tiempo en el foco de la polémica por este asunto. Vecinos de la zona han denunciado en repetidas ocasiones el hedor que procede, a su juicio, del emplazamiento dedicado a acoger residuos.
De hecho, las Juntas Generales de Bizkaia abordaron este asunto en una comisión celebrada hace ya diez años. En aquel momento, la Cámara aprobó una iniciativa que pedía extremar el control sobre este depósito. Ahora, el Gobierno vasco ha aprovechado la necesidad de actualizar la licencia de actividad de toda la instalación para subir varios peldaños en sus exigencias. De hecho, se quieren poner en marcha controles periódicos y se exige la instauración de un protocolo de respuesta a incidentes concretos de olores.
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Otro de los aspectos destacados es que FCC Ámbito necesitará contratar a una empresa externa para que supervise la evolución de la estabilidad del vertedero, teniendo en cuenta la ampliación. Y también estará obligada a comunicar con celeridad cualquier desviación que se produzca durante la fase de ejecución de obra con respecto al proyecto original aprobado. Hay que recordar que una de las irregularidades detectadas en Zaldibar fue que el plan ejecutado difería del proyecto que había sido autorizado.
Uno de los aspectos en los que más incide la resolución aprobada por Medio Ambiente para autorizar la ampliación de Bistibieta es el control de los olores. Los técnicos del Gobierno vasco han pedido, incluso, que la empresa que explota la escombrera realice «estudios de emisiones de olor basado en vuelos con drones con visor de rayos infrarrojos». Algunas de estas aeronaves no tripuladas están preparadas para «la detección de emisiones fugitivas de compuestos orgánicos olorosos». La consejería insiste en que la compañía «tendrá que minimizar las molestias por olores», al tiempo que advierte de que «podrá exigirle la captación y depuración de las emisiones de aquellos procesos que considere oportunos».
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