Una mayor protección de los acuíferos aleja el fantasma del fracking de Euskadi

Todos los partidos políticos han destacado la importancia que subyace tras esta aprobación. No en vano, el principal proyecto exploratorio para investigar si hay gas bajo el subsuelo en Euskadi está centrado en la localidad de Subijana de Álava. Justo debajo de un acuífero que, con una capacidad estimada de 72,5 millones de metros cúbicos de –el equivalente a 29.000 piscinas olímpicas- supone la mayor reserva de agua de toda la comunidad. «En la práctica queda totalmente prohibida una extracción no convencional total o parcial que contamine las aguas, que están ahora mucho más protegidas que antes», ha señalado la portavoz del PSE-EE, Natalia Rojo. Su grupo, junto a los del PNV y Podemos, han firmado una enmienda transaccional a la propuesta original de EH Bildu que instaba al Gobierno vasco a manifestar su compromiso contra el fracking y a promover «todas las iniciativas a su alcance» para evitar su ejecución en suelo vasco. El documento pactado insta también al Gobierno central a «cambiar la normativa estatal con el objetivo de prohibir la técnica de fracturación hidráulica».

En cuanto al PP, aunque su grupo parlamentario no ha firmado la enmienda transaccional, si le ha dado su apoyo en la cámara. La portavoz popular, Mari Carmen López de Ocariz, ha subrayado que, a pesar del recurso del Gobierno central que ha anulado parcialmente la ley vasca, su partido sigue defendiendo el fin que perseguía de impedir el fracking. «Cuando la aprobamos todos en 2015 sus argumentos eran válidos y ahora siguen siéndolo», ha subrayado. Así lo reafirma, según ha explicado, que el Ministerio de Medio Ambiente piedese el año pasado más información sobre los posibles riegos para el ecosistema y la población antes de dar la autorización ambiental al sondeo explotario de gas Armentia 2 en el subsuelo de Álava. «Los servicios técnicos advierten que puede haber efectos adversos», ha insistido.

López de Ocariz, en cualquier caso, ha criticado la actitud del ejecutivo autonómico porque es quien lidera este proyecto a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Shesa, «que no sabemos lo que explora, pero sí lo que gasta. Millones de euros enterrados». Por eso la representante popular ha solicitado que esta entidad abandone estos proyectos.

También ha puesto en duda la conveniencia de la continuidad de la actividad de Shesa el portavoz de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra. «Estamos abiertos a lograr un consenso en la política energética que debe seguir este país, pero Podemos no va a estar ahí si se trata de seguir apostando por el gas de nuestro subsuelo», ha asegurado tras remarcar que, además de sus consecuencias medioambientales, «económicamente su explotación no es rentable».

Desde EH Bildu Mikel Otero ha recordado que la ley vasca contra el facking fue aprobada en el Parlamento después de un intenso movimiento ciudadano que presentó ante la cámara «103.000 firmas». «Adquirió hegemonía social e hizo cambiar la voluntad de los partidos por lo que me parece inaceptable lo que tratan de imponernos desde España».