Vecinos de Santurtzi denuncian la situación «insostenible» que viven con un «narcopiso»

Desde el Ayuntamiento de Santurtzi han declarado a este diario que «se tiene constancia de los problemas que está causando en el vecindario esta supuesta usurpación», ha afirmado la concejal de Seguridad Ciudadana, Itziar Utrera, quien ha agregado que tanto Policía como Ertzaintza están «pendientes» de la situación. «Cada vez que nos llamen iremos. Seguiremos acumulando partes y dejaremos que el juez tome la decisión final». La competencia para actuar en lugares sospechosos de traficar es de la Policía autonómica, pero actualmente no tienen capacidad para acceder al piso sin orden judicial. En ese sentido, el asunto «está judicializado» y «solo se puede esperar a lo que diga el juez», explican.

Entretanto, las afecciones para los residentes en el inmueble persisten. «He vuelto a fumar tras llevar doce años sin caer», se resigna Judith López, una de las vecinas que más sufren los problemas, pues vive justo encima del piso conflictivo. Ella compró su actual vivienda hace año y medio. En aquel entonces en el nivel inferior residía un señor mayor que, tras fallecer, legó el inmueble a sus dos hijos, relata la mujer. Mientras la primogénita hacía su vida en Portugalete, su hermano –«problemático», según los vecinos– se quedó en el piso. Y desde entonces la comunidad ha vivido en una «pesadilla continua».

Por motivos que se desconocen, el propietario «ingresó en prisión» hace mes y medio aproximadamente. Mientras tanto, «sus amigos conflictivos se quedaron en el piso» y sin el consentimiento de la segunda propietaria, explica José Ramón Mosquera, otro vecino. Uno de ellos, afirma López, alegó que le pagaba al dueño una habitación «con droga y en B». Desde entonces, la situación ha ido empeorando con el continuo trasiego de personas que «entran y salen a todas horas» para «comprar y consumir».

Mientras esta periodista hablaba con los afectados, se ha acercado a la vivienda uno de los individuos que frecuentan el piso. «Ellos (los vecinos) mienten, aquí no hay droga ni somos okupas. Pagamos al propietario por estar aquí», ha declarado.

No obstante, la versión de los vecinos y de la copropietaria es totalmente distinta. Cuando su hermano ingresó en prisión, Verónica Martínez intentó acceder al piso con sus llaves y se encontró con un panorama «surrealista». «La cerradura estaba reventada y decían que tenían un contrato de alquiler verbal de una habitación. No entiendo cómo esos señores tienen todos los derechos y el único mío es pagar y callar». Al menos dos denuncias se han interpuesto (una por la comunidad y otra por la copropietaria, por usurpación de vivienda) y una tercera se está gestionando desde prisión por parte del copropietario por «allanamiento de morada».

Ante la situación, Martínez dio de baja la luz y el gas del piso el pasado 24 de marzo. «El agua no se puede cortar», lamenta. Sin embargo, los vecinos alertan de que los ocupantes se han debido «pinchar» a la electricidad de la comunidad. «No podemos entender que prevalezca la palabra verbal del okupa por encima de las escrituras de la propietaria», exclama José Ramón, quien denuncia los destrozos en la comunidad. «Rompieron la puerta del portal a patadas, tuvimos que cambiar la cerradura y ahora está abollada de nuevo. Escupen en las paredes, rompen mobiliario... Hemos colocado cámaras de seguridad en el portal», relata.

«Es un sinvivir», lamenta Mosquera. «Hay ruidos, destrozos, jaleos de madrugada...», cuenta. De hecho, una vez «como no le abrían la puerta, la intentaron abrir a golpes con el extintor en mitad de la noche. Lo destrozaron, se creó una gran humareda, sonó la alarma de incendios y hubo que evacuar a todo el edificio». Los actuales ocupantes son «conflictivos y peligrosos», denuncian los vecinos. Sus hijos están atemorizados. «Mi hija vomita por las noches. Los menores –hay cinco en la comunidad– no pueden bajar solos las escaleras por miedo», critica López. La misma situación le ocurre a la pequeña de José Ramón, que «no duerme. Al mínimo ruido que escuchamos estamos en tensión», asegura. «Una vecina tuvo un ataque de ansiedad», agrega horrorizado.

En el interior de la vivienda permanecen «cuatro» inquilinos, aunque «todos los maleantes de Santurtzi se pasan por aquí», lamenta la comunidad. Por si fuera poco, los residentes denuncian que antes de que rompieran la cerradura del piso, si nadie les abría la puerta, «subían escalando por el patio colgándose de las tuberías de gas. Dos personas se cayeron y tuvieron que ser atendidas por los bomberos», relatan. Ahora, sin embargo, la puerta del domicilio conflictiva está reventada y abierta, «cualquiera puede entrar».

En los últimos meses, los vecinos han llamado «más de un centenar» de veces a la Policía Local y a la Ertzaintza, sobre todo por las noches, pero «no ocurre nada», lamentan. «Les dicen que hagan menos ruido y se van, nos indigna», denuncia Mosquera. También han presentado quejas ante el Ayuntamiento, que «han servido para que la patrulla pase más por la calle». Y el resultado es el mismo, se duelen. Puesta la denuncia, la situación está en el Juzgado, pero «nos han dicho que es un proceso largo y que tengamos paciencia», subraya Judith, quien replica que «solo somos gente normal que lo está pasando mal y quiere vivir en paz». Los afectados, que han colocado pancartas de protesta en sus balcones, han hecho un llamamiento al resto de vecinos de la localidad para que se unan a una concentración mañana sábado a las 19.30 horas ante el inmueble. «Sólo queremos que nos quiten a esta gentuza del portal».