El suicidio en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada que impulsó un cambio normativo

Este sábado se cumplirán doce años desde que Amaia Egaña, eibarresa afincada en Barakaldo, decidió quitarse la vida arrojándose por una ventana de su casa, de un cuarto piso, cuando iba a ser desahuciada de la vivienda que compartía con su marido y su hijo en el barrio de Urban-Galindo. Una trágica muerte que impulsó cambios normativos y ayudó a concienciar a Euskadi y al resto del país, y que ha sido este viernes recordada en un acto frente al juzgado al que han acudido de un centenar de personas, pertenecientes principalmente a colectivos sociales y sindicales de la localidad, reclamando el derecho a una vivienda digna.

Una realidad que según han destacado todos ellos, «sigue pasando», denunciando que más de una década después numerosas personas siguen siendo obligadas a abandonar sus hogares por problemas económicos en el municipio. «Estamos casi en la misma situación. En los últimos doce años 2.404 familias han sido desahuciadas, y en el último año han sido 179, unos quince al mes», ha declarado Isa García, como portavoz de los colectivos, apuntando que de todas estas últimas «el 88% ha sido de viviendas en alquiler».

Por ello, han demandado que se cumpla el protocolo acordado en 2013 precisamente tras la muerte de Egaña, y que fue renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. «Establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio, y no se está dando». También han solicitado que, ante el incremento de los precios del alquiler y de las hipotecas, «se acaten las resoluciones del Ararteko, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; disposiciones legales que obligan a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio, y más cuando tienen menores a su cargo».

Además, han aprovechado para poner cifras al «grave problema» de la vivienda que sigue existiendo, y que en Barakaldo se ve reflejado en alquileres «que rondan de media 880 euros al mes», con precios por habitación «que llegan hasta los 425», lo que ha llevado al Ayuntamiento a solicitar al Gobierno vasco hace apenas unos días la declaración de zona de mercado residencial tensionado. «Hay una lista de 7.678 familias que demandan el acceso a una vivienda asequible solo en este municipio», han añadido.

En cuanto al Ayuntamiento, tanto la plataforma contra la precariedad y la pobreza Berri Otxoa como el centro asesor de la mujer, Argitan, junto a los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT, le han reclamado «una mayor y mejor atención». «Las familias acaban desahuciadas sin alternativa habitacional, y la tramitación de las ayudas de emergencia social no están abiertas durante todo el año. El periodo para presentar solicitudes ha cerrado hace unos días y prevemos que se abrirá en febrero o marzo, y durante cuatro meses las familias en situación más vulnerable no tienen oportunidad de solicitarlas», han denunciado. El Consistorio, consultado por este asunto, ha remarcado a este periódico que pese a que existe ese plazo, «las emergencias se atienden igualmente durante todo el año».

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