Santurtzi recurre al Supremo para evitar la desaparición de un colegio

No conforme con el resultado, el equipo de gobierno ha dado un nuevo paso y ha elevado el conflicto de intereses a la última instancia, el Tribunal Supremo, mediante un recurso de casación. «El Ayuntamiento seguirá el proceso judicial hasta el final para intentar defender los intereses generales del municipio y preservar así la continuidad de un centro educativo centenario», apunta a este diario el concejal de Urbanismo, Joseba Ramos.

La delicada situación de Hijas de la Cruz –colegio concertado que pertenece a Kristau Eskola y que ofrece educación Infantil, Primaria y Secundaria a más de 400 alumnos divididos en treinta aulas– viene de lejos y tiene su origen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998. Entonces se aprobó el artículo 4.4.20, que permite cambiar el uso educativo a residencial de los edificios privados, lo que favorecía dar salida al solar de un colegio si se cerraba o abandonaba.

Y la situación para Santurtzi se enrevesó. Manuel Mitjans y Domecq, duque de Santoña y heredero de Cristóbal Murrieta –creador de la fundación que lleva su apellido y que rige Hijas de la Cruz–, vendió en 2006 el solar que ocupa el colegio a la constructora Forester SL por nueve millones de euros en la época en la que la Alcaldía la ostentaba Javier Cruz (PSE), lo que provocó una marea de rechazo entre la población santurtziarra, que llenó las calles de banderas moradas en apoyo al centro.

La actuación jamás contó con el beneplácito del Consistorio, que decidió tomar cartas en el asunto y emprender una cruzada judicial, impulsada por el ya exregidor jeltzale Ricardo Ituarte desde 2007, que duraría años para reclamar la titularidad del patronazgo. Cabe recordar la existencia de un documento del Gobierno vasco que data de 1963 en el que se estipula como patrono al alcalde que esté en cada momento gobernando en Santurtzi.

De esa manera, durante más de la última década ha tenido lugar una batalla legal dividida en dos vías, la civil –basada en demostrar que el duque de Santoña no era el legítimo dueño del colegio y que como el patrón del mismo era el Ayuntamiento el contrato es nulo–, y la urbanística, que hace referencia al blindaje del centro. Para ello, el equipo de gobierno ha modificado puntualmente el PGOU en tres ocasiones para anular el carácter urbanizable de la parcela que ocupa el colegio y atribuirle solo un uso educativo, de modo que resultara imposible edificar los bloques de viviendas previstos por la promotora.

Sin embargo, tras la denuncia a esa actuación por parte del constructor, las modificaciones fueron anuladas judicialmente por cuestiones de forma y no de fondo, según ha podido saber este periódico. Pero en un nuevo intento en la lucha por defender los intereses educativos de Santurtzi, el Consistorio ha realizado una cuarta modificación para eliminar el artículo 4.4.20, la cual está actualmente pendiente de sentencia.

Con ella se aseguraría el blindaje no sólo de Hijas de la Cruz, sino de todos los colegios del municipio, favoreciendo de esa manera el poner todas las trabas urbanísticas para impedir que se especule con el terreno de un centro en Santurtzi. Desde el grupo de EH Bildu han criticado que «es lamentable que una decisión política de hace 23 años nos haya hecho gastar alrededor de 600.000 euros en juicios y aun así estemos en esta preocupante situación».