Santurtzi arranca los trámites para levantar pisos en el colegio Hijas de la Cruz

El documento llevaba guardado casi cinco años en los cajones del Consistorio marinero. Se presentó en el 2017 y el Ayuntamiento santurtziarra, que ya llevaba entonces una década litigando contra el proyecto de edificación en los terrenos del colegio -una de las parcelas más céntricas y valiosas de la localidad-, se negó a tramitarlo. Las constantes derrotas en los tribunales sufridas desde entonces, incluida la resolución del Tribunal Supremo en noviembre de rechazar el último recurso de casación interpuesto por la institución local y por el colegio Hijas de la Cruz, han desembocado en el inicio del proceso para su derribo.

Este paso, en todo caso, será sólo el primero de un largo camino. Tras el periodo de alegaciones que arranca ahora el documento deberá ir al pleno municipal para su aprobación. En todo caso, más allá de las previsibles pegas que la Corporación pueda poner a los documentos, en el Consistorio son conscientes de que se han agotado todas las vías y que si la constructora cumple con las correcciones oportunas a las pegas técnicas que se le puedan poner al proyecto presentado, no queda otra salida que la de aprobarlo a fin de no incurrir en una posible prevaricación.

Entre tanto el colegio santurtziarra, con más de 160 años de historia, trabaja desde hace dos años en garantizar la mejor continuidad posible a su proyecto educativo, para lo que viene buscando un nuevo emplazamiento.

Ayer, el equipo de gobierno rechazó hacer declaraciones sobre este nuevo paso y remitió a lo ya comunicado tras la sentencia, cuando advirtieron que se «acataría con responsabilidad», respetando el uso edificatorio concedido por los tribunales, y garantizando una gestión urbanística «centrada en las personas».

En la oposición, EH Bildu se dolió por el resultado de «un lío en el que nos metieron el PNV y el PSOE, ya que ellos aprobaron que se pudiera construir en los terrenos», señalaron en referencia al PGOU aprobado en 1998, que permitió cambiar el uso educativo a residencial. Su portavoz, Miren Matanzas, calificó de «lamentable que debido a esa decisión Santurtzi haya tenido que gastar más de 650.000 euros en juicios para llegar a esta situación».