Protestas de vecinos de Sopuerta contra la apertura de un centro de menores

El conflicto explotó el pasado jueves, cuando el Consistorio colgó en Facebook un documento que retiró «a los pocos minutos» a petición de la entidad foral. En la nota, señalaba que, el miércoles a la tarde, el alcalde y la concejala de Asuntos Sociales habían mantenido una reunión «con la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, el presidente de la Mancomunidad de las Encartaciones, Martín Pérez, y la directora general de Administración y Promoción Social, Maite de Iturrate». En ese encuentro, recoge el documento, se trasladó al equipo de gobierno «la decisión tomada por parte de la Diputación» de la «próxima apertura de un centro de protección de menores», prevista para «primeros de marzo» en el citado palacio.

Los vecinos acudieron a protestar el viernes delante del edificio que albergará este recurso y publicaron su propio comunicado, alertando de que «puede verse comprometida la seguridad y convivencia» en la localidad. Recordaban los centros de Carranza y Arcentales, «ambos cerrados después de numerosos conflictos: amotinamientos, centros quemados, robos, agresiones a personas del municipio»... E insistía este grupo de vecinos en que Sopuerta «no tiene capacidad ni recursos para gestionar un centro de menores». «Apenas contamos con servicio de transporte público, sin prácticamente servicios ni actividades de ocio para jóvenes y no contamos con servicio de Policía Municipal ni Ertzaintza», enumeraban.

El sábado a la noche, el alcalde, Agustín Cuadrado (EH Bildu), publicó otra nota en las redes sociales municipales explicando, ya que «está generando controversia en un sector del pueblo», que había eliminado el primer documento por causas «ajenas a nuestra voluntad», tras trasladarles la entidad foral que podían entrar en «conflictos con la Ley de Protección de Menores». Subrayaba además el regidor que «el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia ni ninguna capacidad de decisión sobre este proyecto, que es exclusivo de la Diputación».

Cuadrado, además de «transmitir tranquilidad» a los vecinos, hacía en este segundo texto informativo un «llamamiento a la responsabilidad». «Sin tener todos los datos, no es aconsejable prejuzgar, ni crear alarmas o conflictos, cuando, repetimos, no contamos con la información sobre los perfiles de los menores que vendrán a nuestro pueblo», incidía.

El documento no evitó la movilización del domingo, en la que decenas de residentes mostraron su rechazo a la apertura del centro con una manifestación desde la Casa Consistorial hasta el Palacio de Quintana, que operó como residencia para personas mayores hasta hace unos años. Se trata de una finca reformada en 2004, cuando se ampliaron las construcciones auxiliares al edificio principal hasta un total de 850 metros cuadrados. Entonces se distribuyó en 25 habitaciones y 15 baños adaptados, 6 aseos, comedores y cocina industrial. El grupo que ha impulsado las protestas insistió ayer en que «Sopuerta no es un municipio racista ni xenófobo; tenemos familias de todo tipo integradas desde hace años».