La promotora de la urbanización de El Calero en Barakaldo vuelve a pedir la licencia para iniciar la obra

El Ayuntamiento de Barakaldo, en concreto el área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, paralizó hace tres semanas los trabajos de derribo que la promotora Urgolf SA, que tiene previsto levantar 550 nuevas viviendas en la zona de El Calero, en el barrio de Burtzeña, había iniciado sin permiso. Las excavadoras echaron abajo varios pabellones, que contenían amianto en su cubierta, y según ha confirmado el Consistorio, les permitieron después reciclar los escombros, «para evitar que el fuerte viento llevara polvo a las casas más cercanas», pese a que esa parte del proceso se encuentra dentro del proyecto de derribo, en concreto de la fase 1, que se llevó a cabo de manera ilegal.

Este jueves el concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística ha informado de que la uralita con amianto que estaba en la cubierta «se ha tratado de la manera precisa», siguiendo el plan del Gobierno vasco de riesgos laborales, y ha aprovechado para dejar claro que, pese a todo, este proyecto urbanístico, que regenerará toda la zona, de más de 35.000 metros cuadrados, donde ahora se encuentran sobre todo viejas fábricas abandonadas, «sigue adelante y está vivo».

De hecho, ha confirmado que la promotora, a la que ya se le había caducado el expediente de la Agencia Vasca del Agua-URA, y que no había solicitado los permisos de actuación a la Red Ferroviaria Vasca, al Consorcio, al departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, a Osalan y tampoco a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), al encontrarse la totalidad del área en el ámbito afectado por las zonas de servidumbre de las operaciones del aeropuerto de Bilbao, «ha vuelto a pedir la licencia». Como informó hace días el Ayuntamiento, tampoco había depositado en la tesorería municipal la fianza de poco más de 380.000 euros en garantía de la adecuada gestión de los residuos.

Desde el Consistorio además han apuntado que tratarán «de aligerar todo» para que los trámites «se hagan cuanto antes», remarcando que «están encima de ello» y que las actuaciones «se están haciendo conforme a la legalidad». También han explicado que la presencia de excavadoras estos días se debe a que se están realizando unas catas, «para el programa de actuación urbanística, el PAU, para caracterizar el suelo, ver qué tipo de terreno hay y si está contaminado», para poder adecuar luego a ello la construcción.

Estas palabras vienen pocos días después de que la asociación Ekologistak Martxan, que ha recurrido este plan urbanístico ante la justicia, solicitara la paralización «inmediata» de las obras sin licencia por suponer esos trabajos «un riesgo para la salud y para el medio ambiente», por la manipulación de residuos con amianto. Una llamada al 112 desplazó este pasado martes hasta el lugar a agentes de la Policía, de URA y de Diputación. También han señalado que para realizar cualquier tipo de intervención en el lugar es preciso un permiso de obra que actualmente no existe, aunque el Ayuntamiento, según ha remarcado, considera que después de la paralización de los derribos y la eliminación de los residuos no existe ningún otro problema.

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