Piden la anulación de los recibos de alquiler a personas sin recursos en Barakaldo

La plataforma contra la exclusión, Berri-Otxoak, se concentraba esta mañana frente al Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar la situación que atraviesan algunos vecinos sin recursos que no pueden hacer frente a los recibos de alquiler, bajo el lema «por el derecho a una vivienda digna».

Mireia Sáiz, vecina de Lutxana, es una de las afectadas en todo este asunto. Esta mujer de 36 años sufre un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre debido a la situación provocada por el Covid-19. Su sueldo actual se ha quedado en 525 euros y ahora tendrá que hacer frente a los recibos del alquiler, que hasta diciembre ascienden a 495 euros mensuales, en vez la cuota habitual de su vivienda que es de 309 euros, ya que se le ha aplicado un prorrateo para recuperar los pagos suspendidos.

Sáiz ha recordado que el 31 de marzo el Ayuntamiento les comunicó a las familias afectadas la decisión de suspender el cobro de las cuotas de las viviendas en régimen de alquiler, que gestiona la sociedad urbanística municipal Eretza, hasta el final del estado de alarma. En la misma notificación, según asegura esta vecina de Lutxana, se informó además de que «se podrá contemplar la exoneración total o parcial del mismo, si se acredita una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida durante este periodo como consecuencia de la pandemia por el coronavirus y las restricciones asociadas». Desde Eretza le han sugerido a la joven que solicite unas ayudas para inquilinos de viviendas libres, con un plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre, pero según ella «no cumple los requisitos porque es un alquiler social».

«La realidad para mí es que a partir de este mes tengo que vivir con 30 euros, por lo menos hasta septiembre», destaca Sáiz. La plataforma Berri-Otxoak ha recordado que ya advirtió en abril que aplazar los pagos no iba a solucionar el problema para las familias sin recursos económicos por la pandemia. En este sentido ha instado a los responsables municipales a «rectificar la decisión de prorratear las cuotas y a aplicar la anulación de los recibos parapersonas damnificadas económicamente por la cuarentena».

Ante estas declaraciones, la sociedad urbanística municipal Eretza ha querido detallar que dispone de un bloque de 16 viviendas libres que gestiona en régimen de alquiler, aplicando precios reducidos por una decisión del Consejo de Administración de 2017, «pero estas viviendas no tienen una calificación oficial como pisos protegidos o sociales», explican.

Las cuotas correspondientes a los meses del estado de alarma, según explican, podrían ser objeto de subvención si se demuestra vulnerabilidad económica sobrevenida como consecuencia de la pandemia de Covid-19, al amparo de las ayudas convocadas a tal efecto por el Gobierno vasco. «El inmueble de esta vecina no tiene calificación administrativa de vivienda de protección pública, por lo que sí puede optar a estas subvenciones». Aseguran además que comunicaron la suspensión del cobro de las cuotas de alquiler ante las dificultades económicas que pudieran tener algunas familias y finalizado este periodo, informaron a los inquilinos de que se reanudaba el cobro de las mensualidades desde julio.