S. Llamas/J. García
Viernes, 30 de abril 2021, 21:09
La media docena de trabajadores que forman parte del equipo de limpieza viaria de Alonsotegi están llamados a secundar a partir del lunes una huelga de casi un mes (podría derivar luego en un paro indefinido) para protestar por sus condiciones laborales y «la congelación ... de sus salarios desde hace once años». La plantilla se siente, además, «estafada» por lo que viene sucediendo en los últimos meses en relación a las irregularidades detectadas en la contrata municipal. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento está en proceso de rescindir su acuerdo con la empresa que realiza esta labor (Garbialdi) por los «graves incumplimientos» que ha percibido.
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Un informe municipal al que ha tenido acceso ELCORREO advierte de que la compañía habría cometido severas infracciones del pliego de condiciones como la no sustitución de los empleados cuando no pueden trabajar, la ejecución de la limpieza de manera «anárquica», el desbroce manual de caminos porque se carece de un tractor o la «no aportación de la mayor parte de la maquinaria y herramientas necesarias para el servicio». En este último punto, señala el técnico que firma el documento, Garbialdi estaría cometiendo «un enriquecimiento ilícito» ya que en el contrato se incluyeron partidas específicas para la amortización de vehículos y barredoras que no se están poniendo a disposición de la plantilla.
EH Bildu va todavía más allá y pedirá al Ayuntamiento que inicie acciones legales contra los responsables de la compañía ya que, asegura, cometieron «un fraude» durante el proceso de licitación del contrato al presentar un cuadro de sueldos de la plantilla que no se corresponde con la realidad. Según el partido de la oposición, la empresa habría declarado que los salarios de todos los operarios sobrepasaban los 30.000 euros cuando ninguno de ellos llega a los 26.000. Garbialdi no ha hecho declaraciones a este periódico.
Ayer, la plantilla realizó una concentración de protesta. Sus trabajadores recordaron «la paciencia» que han tenido al arrastrar las condiciones del antiguo convenio durante once años. «Hace unos años ya quisimos moverlo, pero como en el Ayuntamiento no había dinero para nada y se trataba de no echar a ninguna persona, decidimos aguantar», apuntó uno de los afectados, Gabino Martínez.
El empleado explicó que la plantilla lleva años tratando de negociar con Garbialdi y el Ayuntamiento. Cuando vieron que sus condiciones seguían sin mejorar, pese al compromiso del Consistorio de incluir en los nuevos pliegos la subida del IPC más un punto, acudieron al Consistorio para demostrar con sus certificados de ingresos a cuenta, los llamados 10T, que no habían percibido la prometida subida.
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Por su parte, el Ayuntamiento admite que ya se ha dado el paso de rescindir el contrato, si bien la empresa ha presentado un recurso contra la medida, por lo que habrá que esperar a que se resuelva. «Entre tanto vamos a instar a la compañía a que cumpla con las obligaciones a las que se comprometió cuando firmó el contrato». Los servicios mínimos han sido fijados al 25%.
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