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diana martínez
Viernes, 9 de octubre 2020, 00:46
La unión hace la fuerza. Una expresión que los vecinos de Mamariga, el barrio de Santurtzi, tienen muy claro. Y es que tras conocer la sobrecogedora historia de Lidia Gil, una mujer de 88 años estafada hace más de una década por una compañía ... del grupo de empresas Afer, propiedad de Jabyer Fernández, y que está a punto de ser desahuciada, los santurtziarras decidieron convocar ayer una asamblea en el frontón del barrio para concretar una respuesta a la injusta situación que padece esta vecina. Más de un centenar de vecinos acudieron a la llamada en apoyo a Lidia, que también quiso estar presente y se emocionó al verse rodeada de tantos amigos. «Estoy muy orgullosa de todo mi barrio», expresó la mujer con lágrimas en los ojos.
Mamariga aportó sus ideas en la asamblea para conseguir una respuesta de acción de cara al día del desahucio. Los ciudadanos tenían claro lo principal: presión vecinal para impedir que echen a Lidia de su hogar. Entre las aportaciones, se encontraban, por decir algunas, movilizaciones, concentración masiva el día del juicio o una manifestación delante de la casa que intentan arrebatarle.
Esta santurtziarra era dueña de una humilde vivienda que se levantaba sobre un solar de 188 metros cuadrados. Hace unos 15 años llegó a un acuerdo de permuta con una promotora del constructor Jabyer Fernández en el que se establecía que ella cedía sus derechos urbanísticos y él levantaba un edificio de viviendas en la zona; a cambio, la propietaria recibiría un piso, cinco millones de las antiguas pesetas, un trastero y un garaje. Una promesa que nunca llegó a cumplirse. Lidia fue testigo de cómo echaron abajo el inmueble, sin que le entregaran en ningún momento el piso acordado.
Por otro lado, el imperio de Fernández se vino abajo y el hombre de negocios acabó en la cárcel -salió el año pasado- por un delito de insolvencia punible. Además, según un listado que la Diputación publica todos los años, es el mayor moroso de la Hacienda de Bizkaia. De esa manera, en 2012 Lidia tuvo que ser realojada de manera temporal en su actual hogar, un piso distinto al pactado y que acabó cayendo en manos del fondo de inversión ante la deuda de la constructora. Ahora están a punto de desahuciarla. Una situación injusta ante la que los vecinos de Mamariga se quieren imponer.
«Lo que está ocurriendo con Lidia es una injusticia enorme. Tanto los tribunales como las instituciones no han hecho nada para ayudarla y se van a seguir lavando las manos ante esta injusticia, por lo que sólo queda una alternativa para ella, que sea la gente de su barrio y de su pueblo, con activación popular y pisando calle, la que haga posible que Lidia se quede en su casa, en Mamariga», señaló Oskar Lorenzo, coordinador del grupo municipal de EH Bildu en la localidad marinera, presente en la asamblea.
Por parte del equipo de gobierno, explicaron a este diario que existe un pleito entre particulares -el juicio entre la afectada y Jabyer se ha atrasado hasta noviembre- y, en el caso de que se materialice el desahucio, el Ayuntamiento pondrá «todos los medios para que, en el caso de no disponer de recursos, Lidia tenga una solución habitacional, tal y como siempre se actúa en este tipo de casos».
Lourdes Torres, sobrina de Lidia, agradeció el apoyo vecinal recibido y señaló que «tengo fe en la justicia». En ese sentido, hizo un llamamiento a Jabyer Fernández para que «sea valiente, dé la cara y acuda al juicio para dar explicaciones». Lidia, por su parte, se quiso dirigir a Emilio Prieto, abogado y mano derecha del constructor: «gracias por todo el mal que has hecho, tienes el infierno guardado».
Cabe recordar que al margen de esta operación, los afectados por Fernández en este barrio santurtziarra superan las treinta familias. En 2003 el constructor pactó derribar los inmuebles de estos residentes y, en su lugar, levantar una nueva promoción de unas 130 viviendas en el solar denominado como AGR-207. Los vecinos recibirían un piso totalmente nuevo a coste cero antes de marzo de 2011 y un pago mensual de 480 euros para sufragar un alquiler durante el tiempo que se prolongaran las obras. No obstante, el acuerdo tampoco llegó a cumplirse y los vecinos quedaron abandonados a su suerte.
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