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Después de varios anuncios y terminado el plazo de alegaciones, ya es oficial. Barakaldo se ha convertido en el primer municipio de Bizkaia, y el ... cuarto en Euskadi, en ser declarado en su totalidad zona tensionada. Se trata de una herramienta que recoge la Ley de Vivienda de 2023 para controlar el precio de los alquileres, que ya están por encima de los 769 euros, durante los próximos tres años. La medida, aplicada también en Rentería, Zumaia y Lasarte, tiene como reto «proteger a los inquilinos mientras se aumenta el parque de vivienda» en la ciudad. Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, en un acto institucional celebrado junto a la alcaldesa de la localidad, Amaia del Campo, en el Ayuntamiento.
Pese a la aprobación definitiva, las zonas tensionadas entrarán en vigor en Barakaldo a medio gas y sin todas las herramientas para topar los precios. Por el momento la medida afectará de forma directa a los pequeños propietarios. La ley establece que éstos no podrán incrementar el precio de los contratos cuanto quieran, sino que deberán atender al índice que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística. El indicador calcula el porcentaje máximo al que podrán encarecer un piso y en febrero se situó en un 2,08%.
Por contra, las obligaciones para los grandes tenedores (con cinco o más pisos en su poder) aún no podrán hacerse efectivas. La normativa nacional refuerza las exigencias sobre los nuevos contratos que se firman y es especialmente exigente con aquellos que tienen muchas propiedades. Sin embargo, Euskadi aún no dispone el índice de precios de referencia, el principal mecanismo para limitar los alquileres gestionados por grandes tenedores –en Bizkaia hay 200 particulares y empresas que controlan cerca de 2.100 inmuebles– o por propietarios que llevan más de cinco años sin sacar su inmueble al mercado. Las diputaciones aún están recabando los datos necesarios para elaborar el indicador y al menos en el caso de Bizkaia, la Hacienda foral no prevé que la herramienta esté lista para antes de verano. El consejero Itxaso ha confesado sentirse «preocupado» ante esta situación, aunque su impacto es «menor» en la localidad, puesto que «la mayoría de los contratos están en manos de propietarios con una o dos viviendas».
Lo que sí podrá aplicarse, entre otras cuestiones, es que los arrendatarios que finalicen el contrato puedan solicitar una prórroga extraordinaria para mantener las mismas condiciones y términos que hasta la fecha. El Departamento de Vivienda ya ha remitido la documentación para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el 23 de abril. Aun así, la medida entrará en vigor cuando el BOE la apruebe y se prevé que sea «en abril o julio».
Cuánto prevén que bajen los precios de los alquileres a consecuencia de la declaración de zona tensionada aún está por ver. El consejero ha asegurado que en Cataluña «los precios se han reducido un 6,4% y los alquileres no han caído». La «mala noticia», ha confesado, es que «ha habido una fuga de un 15 o 16% de los pisos al arrendamiento temporal».
Además de «proteger al inquilino» frente a las subidas de precio, la declaración de las zonas tensionadas también obligará al Ayuntamiento a aplicar una serie de medidas que permitan incrementar la oferta y destensar el mercado. El mismo Itxaso ha señalado este lunes que durante los próximos tres años el Consistorio «deberá aportar soluciones concretas y realizables a corto plazo». Ahora las familias destinan el 32,8% de sus ingresos al pago de la vivienda y los gastos básicos, cuando lo recomendable es que no supere el 30%.
¿Qué es lo que se va a hacer? El plan de acción presentado por el Ayuntamiento de Barakaldo contempla la construcción de 424 viviendas protegidas en tres años, 182 en alquiler y 242 en propiedad. A estas habría que sumar las 275 VPO que contempla el plan de El Calero, Burtzeña. Además, se reforzará el programa de captación de viviendas vacías, Bizigune, con la finalidad de movilizar los 1.800 pisos que aún están desocupados. En la actualidad la ciudad fabril impone un recargo del 40% del IBI por mantener un domicilio sin uso y el Ayuntamiento «no se cierra en banda» a aplicar el canon de vivienda deshabitada. «Tenemos que medir el efecto que tienen las medidas que ahora están en vigor y conocer de primera mano por qué los propietarios tienen esos pisos sin usar antes de nada», ha asegurado la regidora.
Del Campo ha asegurado que el Gobierno municipal «no puede mirar hacia otro lado» cuando la vivienda es «una de las principales preocupaciones de nuestra ciudadanía». Según datos del Gobierno vasco, en Etxebide hay 3.936 empadronados en la ciudad que están en busca de un piso público. Y de ellos 3.197 necesitan un alquiler. El 81%.
A Barakaldo le seguirá muy pronto Bilbao. El Ayuntamiento prevé entregar «este mes» la documentación requerida al Gobierno vasco para que pueda iniciar la tramitación. Si no hay contratiempos, la capital vizcaína podrá poner en marcha las medidas de contención que recoge la Ley de Vivienda en julio.
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