«Llevamos 20 años en un piso ruinoso esperando un realojo que no llega»

Un mismo final que desde hace veinte años llevan esperando los residentes en el número 7, un edificio con diez viviendas que, debido a su estado exterior, muchos dan por sentado que se encuentra abandonado. Pero lo cierto es que en él viven seis personas, casi todas de la misma familia, que han iniciado una lucha, junto a otros propietarios, para tratar de hacer efectiva una promesa que, aseguran, en su día les formuló el anterior alcalde del municipio, Josu Bergara. «Llegamos a hablar de una indemnización con él, a mí me ofrecieron 14.000 euros, y un realojo en La Punta. Pero se marchó, no había nada firmado y la actual alcaldesa no nos quiere ni recibir», ha declarado a este periódico Sofía Basterretxea, quien vive en uno de estos pisos junto a sus hijos, de 18 y 12 años.

Su padre, Rafael, es propietario de la entreplanta, donde en su día hubo una escuela, y también unas oficinas. «Nos sentimos marginados. Nos han quitado los servicios de basura que teníamos enfrente de casa, y han vallado la parte de atrás. Parece que nos están haciendo 'mobbing', que quieren que nos aburramos, que nos acabemos muriendo como mi suegra, o que se nos caiga la casa entera encima», ha afirmado molesto. Es, precisamente, el fallecimiento hace unos meses de la madre de su esposa, el detonante para volver a reclamar, esta vez con más fuerza, un realojo. «Se murió yo creo que de pena al ver el deterioro del edificio y que no podía irse de aquí».

El problema radica en que este bloque de viviendas se encuentra fuera de ordenación desde 1998. Fue levantado hace más de un siglo para los trabajadores de la Sociedad Cooperativa Aurrera. El suegro de Rafael Basterretxea fue uno de ellos, y no dudó en comprar posteriormente varios inmuebles, en los que se instalaron distintos familiares. Un bloque en el que, debido a que está fuera del planeamiento urbanístico vigente, no se puede hacer ningún tipo de intervención, pese a presentar numerosas deficiencias. «Hace unos años derribaron la casa de al lado y dañaron la fachada. Solicitamos entonces echar espuma aislante, pero nos denegaron el permiso», ha declarado Basterretxea. También señala que hay problemas en el tejado y que los balcones de la parte de atrás tuvieron que ser quitados por seguridad. «Pese a que estemos abandonados, y a que constantemente tenemos que lidiar con okupas que intentan entrar, yo tengo que pagar 1.000 euros de IBI», ha apuntado indignado.

Este cúmulo de circunstancias les ha llevado a personarse ante el Ararteko, mientras barajan también recurrir a la vía judicial. «Las administraciones, todas, nos están tomando el pelo», afirman. El Ayuntamiento, consultado por este periódico, señala que este bloque figura en un proyecto de regeneración para la zona de Vega Galindo, impulsado por el Gobierno vasco hace más de 20 años, para cuyo desarrollo firmó un convenio con el Consistorio. En su primera fase, «casi terminada», se han levantado cuatro edificios en La Punta, mientras que la segunda, la que atañe a este bloque, «con el paso del tiempo se ha visto que no es viable y la obra no se va a realizar».

El Ayuntamiento asegura estar en conversaciones con el Gobierno vasco «para ver cómo se resuelve el convenio urbanístico que está en vigor y plantear una nueva solución para la zona». También señalan que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana puesta ya en marcha «recogerá una solución para estos vecinos», Mientras tanto, a los residentes en el número 7 de Rivas parece que no les queda otra que seguir esperando, aunque ellos están lejos de resignarse.