La jueza halla indicios de delito en la gestión de 600.000 euros de ayudas en Alonsotegi

En su último auto, al que ha tenido acceso EL CORREO, la jueza considera que los seis encausados (dos arquitectos, una técnico que trabajaba para el Consistorio, el exalcalde jeltzale José Luis Erezuma y dos constructores) «de común acuerdo, aprovechando el temporal de lluvias que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011 en Alonsotegi, obtuvieron subvenciones de la Diputación por importe de 600.000 euros y del Ayuntamiento por valor de 81.392 euros para efectuar pagos a dos de los arquitectos y a la firma Laneder Construcciones (hoy extinguida), en concepto de facturas emitidas por estos, sin contenido económico real».

La magistrada destaca cómo la técnica redactó varios informes en los que se hacían constar «desperfectos inexistentes» en un muro de contención de la carretera, así como en el centro de salud y en el sótano del Ayuntamiento. Obras que, según declaró uno de los constructores, nunca se llegaron a ejecutar.

La jueza afirma que el por entonces regidor «declaró la situación de emergencia», solicitó las subvenciones y encargó «por decreto» la redacción de los proyectos a un estudio de arquitectura y la ejecución de los trabajos, «de manera verbal», a Laneder. Finalmente, se emitieron facturas sin contenido real para llevar a cabo los cobros. La constructora recibió 618.115 euros y los arquitectos 81.392.

Durante la fase de instrucción, uno de los socios de la firma inmobiliaria reconoció que los trabajos no se llegaron a ejecutar. Y que los pagos tuvieron relación con el intento de saldar una deuda anterior que el Consistorio mantenía con esta misma empresa por la edificación del nuevo ambulatorio.

Así lo declaró también Erezuma. El exalcalde admitió haber cometido diversas irregularidades administrativas, pero sostuvo que no hubo ni mala fe ni sus decisiones generaron un daño a las arcas públicas. El exregidor manifestó ante la jueza que, en ese momento, el Ayuntamiento tenía un agujero económico galopante (7 millones de euros) y que el principal acreedor era precisamente Construcciones Laneder. Se le debían 1,2 millones. El exalcalde, que acababa de acceder a su cargo, afirmó en sede judicial que la situación del dueño de la empresa era desesperada y que iba a ir a la quiebra y perder su casa. Fue entonces, según su relato, cuando se planteó encargarle las obras de las inundaciones para liquidar así parte de la deuda municipal y evitar, al mismo tiempo, que la constructora cerrara. El acuerdo, según su versión, incluía los pagos y un posterior compromiso para que el constructor realizara más adelante los trabajos, que serían financiados a varios años vista. Sin embargo, Laneder acabó quebrando y nunca llegó a ejecutar las reparaciones.

La acusación particular va a recurrir el auto que pone fin a la instrucción. En su opinión, hay un aspecto de la investigación que no está claro y que hace referencia a cómo la Diputación no detectó el fraude. En este sentido, el letrado de EH Bildu sugiere que los responsables forales tuvieron que saber lo que estaba pasando en Alonsotegi. En esta línea han pedido que se cite a declarar como testigos, «sin perjuicio de que su situación procesal posteriormente se pueda modificar», a Joseba Escribano (exalcalde de Galdakao y por entonces director de Relaciones Municipales de la institución foral) y a Juan María Aburto (actual alcalde de Bilbao y, en aquel momento, diputado de Presidencia).