El juez procesa a dos exalcaldes de Alonsotegi por «posible tráfico de influencias» y malversación

El juez estima que «de lo actuado se acredita indiciariamente que los hechos objeto del procedimiento fueron realizados y, en consecuencia, habría indicios de perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa». Habla abiertamente de «actividades opacas y oscuras» en el seno de la sociedad Eraikiz. Y afirma que «se habrían producido numerosas irregularidades que habrían supuesto perjuicios para el patrimonio público y posibles tráficos de influencias».

El magistrado apunta que los dos expolíticos pudieron participar en las actuaciones ilícitas mientras estuvieron al frente de la sociedad. E incide en el papel que jugaron en el seno de la misma el arquitecto Alberto Zulueta y el gestor Irkus Palacios. Del primero señala que incumplió el deber de abstención al haber emitido «informe técnico» sobre diversos contratos que acabaron siendo adjudicados «contra el principio de objetividad» a empresas con las que estaba relacionado, al tiempo que habría violado también «el régimen de incompatibilidades profesionales».

Sobre Palacios hace notar que suscribió con Martínez de Arenaza un contrato de casi un millón (721.394 euros más IVA) para dirigir Alonsotegi Eraikiz, sin que mediara «licitación alguna y eludiendo los principios de publicidad y concurrencia». Además, destaca que el abogado tenía «disponibilidad sobre gran parte de los fondos de Alonsotegi Eraikiz».

La sociedad pública se creó en 2003, durante el mandato de Martínez de Arenaza. La entidad manejó importantes cantidades de dinero público para poner en marcha algunos de los proyectos urbanísticos más importantes de Alonsotegi: el nuevo ambulatorio, la reforma de la plaza principal, la construcción de aparcamientos y el remodelado campo de fútbol, entre otros. Además, vendió solares y patrimonio local a promotoras privadas que quebraron sin abonar las sumas pactadas, lo que colocó al Consistorio en una grave situación de insolvencia (el Ayuntamiento es uno de los tres más endeudados de Euskadi y se halla intervenido por la Diputación).

El 'caso Eraikiz' fue llevado a los tribunales en 2014 por los concejales de EH Bildu en la localidad. En un principio, el asunto pasó inadvertido más allá de los límites de Alonsotegi. Sin embargo, en el otoño de ese año, el nuevo alcalde, el también jeltzale Joseba Urbieta (el PNV volvió a ganar por mayoría absoluta), giró a los vecinos de la urbanización Errota una serie de recibos para que asumieran con su dinero el agujero dejado en las arcas locales por la nefasta operación realizada entre Eraikiz y la promotora Basaldi. Los residentes se movilizaron y se generó una ola de protestas contra «la corrupción».

De manera paralela, se conocía el informe del Tribunal de Cuentas en el que se hablaba de graves irregularidades: obras licitadas a dedo y trabajos adjudicados sin cumplir la normativa a empresas relacionadas con las personas que dirigían Alonsotegi Eraikiz. El sumario de esta sociedad pública es el que se encuentra más avanzado judicialmente. Existen otras dos investigaciones en marcha -también activadas por denuncias de la coalición soberanista- por la existencia de una supuesta trama de facturas y certificaciones de obra falsas, un procedimiento en el que se ha personado la Abogacía del Estado como perjudicada al haberse malversado supuestamente fondos del Gobierno central.

Lo más llamativo del auto que pone fin a la instrucción del 'caso Eraikiz' es que lleva el asunto a un tribunal con jurado a petición de la Fiscalía y de la acusación popular (ejercida por Bildu), algo inédito en Euskadi para delitos relacionados con la corrupción. Alguno de los abogados de las defensas ha alegado que esto es «una artimaña para eludir el transcurso de los plazos». Ahora, hay tres días para recurrir el auto de procesamiento. Si se declara firme o si las instancias superiores lo avalan, se dará paso al trámite de acusaciones, se fijará la fecha de la vista y se comenzará a conformar un jurado con nueve miembros.