El juez procesa por corrupción a un exalcalde de Alonsotegi y dos constructores

El caso está relacionado con el presunto desvío de fondos públicos a través de obras que nunca llegaron a ejecutarse hace ocho años. Así lo considera la Fiscalía, que ha solicitado una pena de seis años de prisión para exregidor y los otros cinco acusados por haber urdido una supuesta trama relacionada con certificados falsos de tres proyectos que nunca se llevaron a cabo, obteniendo así «un beneficio ilícito» cercano a los 700.000 euros, un dinero que procedía en su mayor parte de subvenciones de la Diputación (600.000 euros), pero también de las arcas del Ayuntamiento (81.392).

Erezuma será el tercer alcalde de Alonsotegi que tendrá que sentarse a corto plazo en el banquillo de los acusados, ya que sus predecesores, los también jeltzales Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza, están a la espera de ser juzgados por un jurado popular por presuntos delitos relacionados también con la corrupción, en el marco del caso conocido como 'Alonsotegi Eraikiz'. Las pesquisas judiciales sobre la gestión de Alonsotegi se iniciaron tras sendas denuncias del grupo municipal de EH Bildu, que está personado en ambos procesos. En este asunto concreto solicita una pena de 8 años de prisión para los encausados.

La Fiscalía considera que Erezuma, el asesor municipal, los dos arquitectos y los dos constructores implicados se pusieron de acuerdo para desviar 600.000 euros de subvenciones forales, aprovechando unas lluvias torrenciales que se produjeron en la localidad entre el 4 y 6 de noviembre de 2011. Por estas inundaciones pidieron ayuda a la Diputación para reparar tres instalaciones públicas (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general). El Ministerio Público considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. Sí se prepararon diversos informes públicos para justificar su necesidad y para acreditar que habían sido realizadas.

El fiscal también hace hincapié en que la preparación de los supuestos trabajos y su falsa ejecución se encargaron de manera verbal. Incluso destaca en su escrito que las decisiones se tomaron pese a obrar «informes desfavorables de la secretaria-interventora del Ayuntamiento», alertando de la ilegalidad de determinadas conductas.

Erezuma, que nunca antes había participado en política y gobernó Alonsotegi entre 2011 y 2015, siempre ha defendido que no se quedó cantidad alguna de dinero. Reconoció ante el juez que las obras nunca llegaron a ejecutarse, pero que la suma, en realidad, fue destinada a pagar una deuda generada por sus predecesores y que el Consistorio tenía reconocida con la constructora por la ejecución del ambulatorio.