Desahucian a una familia de Barakaldo 8 meses después de acabar su alquiler

David, que cursa estudios de inglés a través de Lanbide, recordó ayer que su única fuente de ingresos es la RGI que recibe junto a su madre. «No sé qué pasará ahora con esa ayuda si perdemos el empadronamiento», temió el joven, que señaló que su madre está enferma y que volvió a reclamar un alquiler social. «No podemos acceder a uno privado y menos con los precios de Barakaldo, a partir de 650 euros», cifró.

Inicialmente el desahucio estaba fijado para el 11 de diciembre. El juzgado de primera instancia de Barakaldo lo paralizó un mes. La familia lleva desde marzo en contacto con los Servicios Sociales de Barakaldo reivindicando una solución.

Una veintena de personas de la plataforma social Berri Otxoak, la asociación vecinal de Zuazo-Arteagabeitia y de la PAH Bizkaia 'Kaleratzerik Ez' se concentraron frente a la vivienda para denunciar la situación. «Hoy se demuestra que el protocolo antidesahucios es papel mojado», criticó David González, de Berri Otxoak, que recordó que un informe de los servicios sociales constata la situación de vulnerabilidad por causas económicas de la familia. «No tienen a dónde ir. Ahí están sus cosas. Que las vea el Ayuntamiento, el Poder Judicial y el Gobierno vasco», acusó.

El equipo de gobierno local ofreció ayer una alternativa de alojamiento provisional, consistente en una habitación con baño, comida y acompañamiento socioeducativo. Remarcaron que el parque de viviendas municipal está al completo y que han tramitado una solicitud con urgencia a Alokabide pidiendo un piso. El concejal de EH Bildu, Endika Abad, presente durante el desahucio, calificó de inaceptable lo ocurrido y criticó la falta de inversión en vivienda pública.