Denuncian destrozos, suciedad e impagos en un edificio municipal de Santurtzi

«Estamos totalmente abandonados», lamenta José Parente, vecino de Santurtzi que vive en el número 7 de Mendi Alde, un edificio de titularidad municipal. Una calle de la zona alta de Kabiezes que durante años ha sufrido problemas de convivencia, principalmente coacciones, destrozos y acumulación de basura que hacían la vida «insostenible», según denunciaban algunos residentes. Tras implantar la legislatura pasada un plan de convivencia en la zona con diversas acciones como un servicio de mediación, intervenciones de índole socioeconómico y programas de empleo para mejorar el entorno del barrio, la situación mejoró, pero todo apunta a que fue un espejismo. «Con Álvaro Aresti (exconcejal de Obras y Servicios) y Aintzane Urkijo (exregidora) vimos la luz, pero hace un año todo se descuajeringó. Hemos vuelto a las andadas. Pedimos al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto», reclama Parente.

Los vecinos del bloque exigen soluciones a varios problemas. Para empezar, un incidente con una persona «problemática» se saldó con la puerta del portal destrozada, idéntica suerte que la que siguió la cámara del portero automático. «Tras dos meses aún estamos esperando una respuesta del Consistorio sobre quién lo va a pagar y cuándo se va a arreglar». A causa de esto, los residentes han hallado en ocasiones a personas sin hogar durmiendo en el portal.

El ascensor nuevo, «que se iba a poner en marcha hace tres meses», todavía no está en funcionamiento. Pero el problema no se queda ahí. El aparato incumple la ley de accesibilidad. «No está a cota cero, hay cuatro escalones de por medio». El inmueble tiene cuatro pisos. Su suegro sube las escaleras a duras penas. «Y un vecino del primero está en silla de ruedas», añade.

A ello se suma la suciedad, con basura por la escalera, manchas en las paredes... Parente también hace hincapié en los impagos de las cuotas de la comunidad (45 euros al mes). «El que más debe es el Ayuntamiento –asume el coste de tres pisos–. Cada seis meses lo pagan y porque los reclama el administrador de fincas, si no hacen oídos sordos», apunta. «De once pisos no pagan cinco, y de los otros seis, tres amenazan con no pagar a causa de los problemas surgidos», añade. El Consistorio señala que se mantiene un «contacto directo y continuo con la comunidad», y que es «responsabilidad de los vecinos nombrar a un presidente para activar el elevador».

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