El conflicto en Barakaldo con su autobús urbano se encalla tras un año de huelga

Laura González

Barakaldo

Jueves, 29 de febrero 2024, 19:48

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Hace poco más de dos semanas el Ayuntamiento de Barakaldo trasladó a este periódico que estaba trabajando para encontrar la fórmula de rescindir el contrato de su servicio de autobús urbano, Kbus, adjudicado en mayo de 2020, por un periodo de diez años y por casi 25 millones de euros, a la UTE conformada por Transitia y Transportes Unidos de Asturias. Todo ello tras una petición realizada por la propia empresa y por los trabajadores, que llevan un año reclamando mejoras económicas y del servicio, pero este mismo jueves el pleno –con los votos a favor de PNV y PSE, y las abstenciones de EH Bildu, Elkarrekin y PP–, ha aprobado rechazar esta propuesta.

¿Cuál es el motivo de este cambio? Pues no es otro que la existencia de un informe técnico posterior en el que se señala que «no se puede considerar probada la existencia de desequilibrio económico por causas imprevistas», ni de causas que excedan el riesgo que asume todo contratista cuando se hace cargo de un servicio. El documento, al que ha tenido acceso EL CORREO, refleja además que la empresa, que asegura estar en pérdidas y pide unos 400.000 euros desde 2022, realizó su oferta «un 6% por debajo» de la cantidad fijada en el concurso.

Además de todo ello, también se remarca que «no existe un interés público para adoptar una medida tan extrema como la resolución contractual», pese a que desde que arrancó la huelga y hasta el pasado 16 de febrero se efectuaron 58 jornadas de paros, gran parte de ellas de 24 horas. Acogiéndose a todo esto, el PNV, encargado del área de Servicios Municipales, ha destacado que «no se cumplen las condiciones para la rescisión» del acuerdo, y que seguirá «vigilando que el servicio se preste y que la empresa cumpla con sus obligaciones». Además han apuntado que continuarán también mediando para que se logre llegar a un acuerdo.

El socio de los jeltzales en el gobierno municipal, el PSE, se ha acogido también a lo dicho por el informe, mientras que EH Bildu y Elkarrekin han vuelto a aprovechar para criticar la privatización de los servicios públicos. El PP, por su parte, ha pedido la realización de un estudio para comprobar cuál es la realidad del asunto.

Esta decisión adoptada por los representantes políticos fue recibida como un jarro de agua fría por los trabajadores. Varios de ellos accedieron al salón de plenos para seguir en directo la sesión. No dudaron en calificar la situación de «vergonzosa», y en pedir una «implicación real» del Ayuntamiento para solucionar el problema. «En este último año han hecho entre poco y nada, y esto nos aboca a un conflicto más largo e intenso, que está afectando a numerosos baracaldeses y al propio servicio, que se está deteriorando», remarcaron.

La sesión también ha dejado la aprobación de tres créditos adicionales, por valor de unos 2 millones de euros, para hacer frente a la indemnización del Ayuntamiento a una promotora por unas obras de urbanización en Arteagabeitia; para la mejora de equipamiento informático y de la iluminación de las calles, entre otras cuestiones. Además, han sido rechazadas por el equipo de gobierno dos mociones del PP: para regular el uso del patinete eléctrico y actualizar la ordenanza municipal de tráfico, y para estudiar la posible ubicación de una biblioteca y centro cívico en Urban. En el primer caso tanto PNV como PSE han remarcado que la regulación debe de ser a nivel global y no municipal, para evitar que cada localidad cuente con normativas distintas; y en la segunda propuesta han recordado que en la plaza Pormetxeta se pretende dar forma a un laboratorio urbano en el que habrá un espacio para el uso de los vecinos del barrio, aún sin definir.