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Miguel Manceras, Jesús Pocero y casi un centenar de personas más vive en la barriada de El Roble, en Portugalete, conformada por cuatro bloques unidos levantados hace setenta años en Repélega, en una zona anteriormente rodeada por numerosas fábricas. Se trata de unos edificios con ... muchas carencias que llevan fuera de ordenación casi dos décadas, cuyo derribo estaba previsto ya desde hace años, unido a la construcción en 2016 del plan conocido como SUNC-1. Con él, para el que ya había licencia de obra entonces, se prevé levantar unas 125 viviendas protegidas, donde serán realojados, rodeando en forma de 'U' las dos hileras de casas de la calle Federico Martínez, que tienen enfrente.
Precisamente los residentes en estos bloques cercanos, y más concretamente la portavoz de su asociación vecinal, Raquel Flores, llevan tiempo oponiéndose firmemente a este proyecto, y a las variantes que se diseñaron, alegando la eliminación con esta edificación de las campas del barrio, y paralizando a base de recursos el inicio de la obra desde su presentación.
El último de estos pleitos, por la falta de un informe del Ministerio de Telecomunicaciones, ha vuelto a poner en pie de guerra a las treinta familias que viven en El Roble, que según apuntaron este viernes a EL CORREO están «hartas» de esta situación. «Por un capricho, sobre todo de una persona, llevamos años sin poder ser realojados. Las campas de las que hablan hace por lo menos veinte años que ya no existen, que no engañen. Se quejan porque ya no van a poder ver La Arboleda desde la ventana y porque les van a quitar un terreno de todos en el que ellos ha ido poniendo huertas», explican Miguel y Jesús.
La eliminación de esta barriada también va relacionada con el plan SUNC-2, que levantará en toda la parcela que ahora ocupa El Roble, y en la que dejó vacía al lado Nervacero, además de otras factorías, una promoción de carácter privado de 545 pisos. Esperando que estos dos proyectos no se demoren mucho más, «para poder vivir en pisos en condiciones», los residentes en esta zona piden tanto al Gobierno vasco como al Ayuntamiento que aceleren el proceso. El concejal de Urbanismo Jon Pesquera ya indicó este miércoles que consideraba «innecesario» este nuevo retraso, apuntando que «con la máxima premura» se tratará de obtener el informe requerido que también les ha pedido el juez.
Mientras tanto en El Roble confían en que para el próximo año, después de haberles dicho que no pasaría de 2023, puedan verse ya a las máquinas iniciar los trabajos, lamentando que vecinos ya fallecidos no hayan podido disfrutar en sus últimos días de una vivienda mejor. «Al estar fuera de ordenación no podemos hacer nada en nuestras casas, que tienen grietas desde que tiraron barrenos para poder construir el centro comercial Ballonti. No tenemos suministro de gas, no nos dejan ponerlo. Al tener que tirar de electricidad cuando hace frío hemos llegado a pagar entre 300 y 400 euros de luz en un mes, y para que llegaran las telecomunicaciones tuvimos hasta que manifestarnos», relatan, pidiendo una pronta solución.
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