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Diana Martínez
Santurtzi
Miércoles, 22 de marzo 2023, 15:15
«Impotencia y rabia» es lo que sienten Mikel Bejarano y su familia que, tras dos años de acciones judiciales para desahuciar al hombre al que alquilaron su lonja, finalmente han recuperado las llaves de un local que ha quedado «totalmente desvalijado». El lugar está ... lleno de escombros, el techo y las paredes están destrozadas y ha desaparecido «todo lo que se puede vender en una chatarrería», como cables, cobre o rieles de metal que aguantan la cubierta.
El drama de estos santurtziarras viene de lejos. Poseen una lonja familiar desde hace casi treinta años en la calle Máximo García Garrido. Ha sido una tienda, una fontanería... Distintos negocios que nunca han dado problemas. Pero la pesadilla comenzó en 2014, cuando se la alquilaron con un contrato de diez años a un hombre que quería instalar una peluquería. «Al principio se retrasaba con las cuotas cada mes (unos 785 euros) pero luego se pasaba varios meses sin pagar», explica a este diario Mikel, de 26 años. De hecho, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo de conciliación. «Él dijo que nos pagaría todo lo que nos debía entonces, unos 6.000 euros, además de un 10% por las molestias, pero no hizo nada», cuenta el progenitor, Manu. Hasta que llegó un momento en que los propietarios se cansaron y en 2021 optaron por la vía judicial después de que llevaran dos años sin cobrar.
Tras un juicio rápido, el magistrado dio la razón a la familia y se puso una fecha de lanzamiento para el desahucio, pero el inquilino presentó un recurso y para ello depositó en el Juzgado casi 10.000 euros, montante que debía hasta entonces a los propietarios. De esa manera, las acciones legales se alargaron y «durante ese tiempo estuvo otros tantos meses sin pagarnos», relata Bejarano.
Finalmente, en enero de este año, la Justicia volvió a darles la razón a los propietarios y emitió una orden de desahucio. El inquilino tenía de plazo hasta el pasado 28 de febrero. A mediados de ese mes colocó en el escaparate de la peluquería un cartel que decía 'Nos trasladamos por fuerza mayor. Disculpen las molestias'. El asombro no podía ser mayor para la familia de Mikel. «Ponía 'fuerza mayor' y simplemente era porque no pagaba el alquiler», argumenta.
Hace unos días finalmente recibieron las llaves de su lonja y se encontraron con un panorama desolador. Todo el lugar estaba «totalmente desvalijado». «No le hemos hecho nada, es injusto que venga a reventarnos el local», denuncia la familia. Lo peor es que el inquilino ya amenazó con acabar así. «Envió un mensaje a nuestro abogado diciendo que, tras haber depositado el dinero en el Juzgado, o le dejábamos quedarse hasta octubre y nos dejaba todo impecable o nos rompía todo», relata con horror Casti Roig, madre de Mikel. Una advertencia que repitió en otra ocasión, con testigos, por las calles de Santurtzi. «'Pues entraré con una excavadora', nos gritó».
Y la amenaza se volvió realidad. A finales de febrero, la familia, que vive cerca del local, comenzó a escuchar los golpes de una obra que provenían de su lonja. «Sabíamos lo que estaba pasando pero no podíamos hacer nada, nos daba mucha rabia», recuerda Mikel.
Una vez recuperada la lonja familiar y visto el destrozo, los Bejarano-Roig quisieron contraatacar al inquilino colocando unos carteles en respuesta al suyo que anunciaba un 'traslado por fuerza mayor'. Así, pusieron otro mensaje: 'Fuerza mayor = inquilino desahuciado judicialmente por impago. Así ha dejado el local'. «Esperemos que con este aviso nadie más tenga que sufrir esto. No somos los primeros, pero a ver si somos los últimos», expresa Mikel, quien afirma que hay por lo menos dos casos más que han sufrido esta situación por el mismo inquilino.
Los problemas no cesaron con el destrozo. El pasado viernes «alguien» pintó con grafiti sobre los carteles explicativos de la familia. «Lo limpiamos después de que los municipales hicieran fotos» y al día siguiente, por la noche, lanzaron un bote de pintura contra el establecimiento. «No sabemos por qué, es injusto», manifiesta Mikel. En total, en los últimos años el individuo debía 20.000 euros. Tras meses y meses de juicios, en el que la familia ha gastado de sus propios bolsillos 6.600 euros en abogados, aún le queda por cobrar otros casi 10.000 euros del inquilino (ya cobraron los primeros 10.000 depositados en el Juzgado). «Pero no tenemos esperanza de que nos pague lo que nos debe», lamenta la familia. «El seguro nos podría pagar hasta 3.000 euros. Y si entra también el desescombro sería genial», comenta Roig. ¿Qué pueden hacer ahora? Seguir la vía penal por vandalismo, lo que equivaldría gastar más dinero en juicios y podrían no llevarse nada si se declara insolvente al individuo.
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