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Después de tres años consecutivos con los impuestos, tasas y precios públicos congelados en los ayuntamientos del territorio, para tratar de aliviar la carga fiscal después de la pandemia y del impacto que ha supuesto en la economía la guerra de Ucrania, el goteo de ... consistorios que han decidido aumentar sus tributos en las últimas semanas está siendo una constante. Sestao lo hizo el pasado mes, al igual que Bilbao, Amorebieta y Basauri, entre otros. Barakaldo ha decidido sumarse a esa lista, aprobando la modificación de las ordenanzas reguladoras de los precios públicos y fiscales con una subida general del 3%. La responsable de Hacienda ha asegurado que la repercusión en la ciudadanía de estos tributos será «pequeña».
Esto afectará, por poner algún ejemplo, al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o al de vehículos de tracción mecánica, también a las tasas de recogida de basura. Se ha aprovechado además para crear nuevas ordenanzas fiscales, entre ellas para el servicio foral de bicicletas eléctricas (Bizkaibizi). Asimismo, este acuerdo elimina la diferencia de precios entre empadronados y no empadronados en todos los servicios en los que estaba presente esa distinción, como las instalaciones deportivas. Medidas, más allá de esta última, que viene marcada por el Tribunal Supremo, que la concejala de Economía, Hacienda y Patrimonio, Iratxe Foces, ha asegurado que son «necesarias para garantizar un flujo de dinero suficiente para mantener los servicios municipales de calidad».
Una aprobación en el pleno que contó con los votos de PNV y PSE, el equipo de gobierno; con la oposición en bloque criticando el procedimiento. Tanto EH Bildu como Elkarrekin Barakaldo y el PP, coincidieron en señalar su disconformidad por la manera en la que se ha llevado a cabo esta propuesta, asegurando que «no se permitió la presentación de enmiendas», al eliminar el plazo de 15 días que anteriormente había para ello. «Es una situación insólita, una nueva cacicada para recortar la participación», ha apuntado Casimiro Castaño, portavoz de Elkarrekin. Bildu lo ha calificado de «mala práctica» y el PP ha señalado que «el acuerdo no atiende a criterios técnicos, sino políticos».
En el pleno de la localidad fabril, la coalición soberanista también ha aprovechado para solicitar al equipo de gobierno la adopción de las medidas necesarias para la aprobación en lo que queda de año de las zonas de bajas emisiones. Debido a la Ley del Cambio Climático todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deben implantar antes de que finalice el 2023 esta zona, limitando el acceso a vehículos contaminantes en ciertos puntos, para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases. Este periódico ya había indicado hace unas semanas que la segunda urbe vizcaína es una de las más retrasadas en este asunto de toda España. Según apuntaron desde el PSE, se está trabajando para poner en marcha este plan «de la mejor manera posible».
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