Descartado el parque eólico que pretendía colocar seis aerogeneradores entre las cimas del Kolitza y La Garbea, Balmaseda prosigue su lucha para salvaguardar sus montes de estas instalaciones, ahora solo con un 'enemigo' en el frente, la empresa Side Recovery Systems, que ha impulsado los proyectos bautizados como el Haya I y el Haya II, para situar cuatro grandes molinos en la zona, partiendo de la otra arista del Kolitza hacia Sabugal.
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El Ayuntamiento ha entregado esta semana un total de 33 alegaciones al Gobierno vasco, que este jueves se ha encargado de presentar ante sus vecinos a través del geólogo Valentín Ibarra, balmasedano y dueño de una ingeniería que ha realizado ya informes para tratar de frenar otros ocho parques eólicos, colaborando con el Consistorio también en la elaboración del recurso presentado en octubre contra el proyecto fallido de La Garbea.
En este caso, según ha resaltado, a nivel administrativo han detectado algunas «irregularidades», como la falta del proyecto –solo existe el anteproyecto–, o de mediciones. Además, el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables de Euskadi (PTS) choca contra el plan territorial comarcal y contra el planeamiento municipal, donde se descarta el uso del suelo para ese fin, señalando la existencia de pastos protegidos.
A eso hay que añadir que los expertos indican que la velocidad media del viento está por debajo del límite para estas instalaciones, recogiendo además las alegaciones «una posible afección con infrasonidos» a la población de la villa, y el ataque directo al alimoche, una especie protegida por Diputación y en riesgo de extinción.
Ibarra ha resaltado que en este proyecto, como en otros muchos similares, existen numerosas «incongruencias». En Balmaseda cree que de llevarse a cabo no hará más que «empobrecer» al municipio «aún más», afirmando además que no repercutirá de manera positiva en el pueblo ya que apenas generará puestos de trabajo. «No dará riqueza. Al Ayuntamiento le supondrá unos 4.000 euros al mes, una limosna envenenada. Aquí se han respetado los montes como comunales, públicos, esto viene de hace 2.000 años, y no puede ser que ahora se le ofrezcan a compañías especuladoras». Estas alegaciones se unen a las más de 1.200 que hace un mes entregó en el Gobierno vasco la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez.
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