El Ayuntamiento de Alonsotegi tira la toalla y tramitará la licencia del crematorio

El caso se judicializó, pero, antes del verano, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dejó claro que los responsables municipales no actuaron entonces, en 2013, de acuerdo a la legalidad y que lo que procede ahora es tramitar los permisos. En principio, el Consistorio no tiene previsto ninguna medida para cambiar la normativa a corto plazo y evitar que el crematorio salga adelante.

Así lo reconoció el alcalde, Joseba Urbieta, que aseguró ayer que el organismo municipal «acatará la resolución de los magistrados» y trasladará la petición para su funcionamiento al Gobierno vasco, tal y como marca el procedimiento administrativo, y que si los departamentos de Salud y Medio Ambiente no ponen ningún impedimento, el Ayuntamiento tendrá que dar el visto bueno definitivo. Urbieta manifestó también que el equipo de gobierno (la alianza entre el PNV y el PSE permitió a los jeltzales lograr la alcaldía sin haber sido la lista más votada) «apoyará a los vecinos, dentro de lo que podamos».

El regidor afirmó que, pese al revés judicial, «no quiere decir que Alonsotegi vaya a tener un crematorio mañana mismo, ni mucho menos». En este sentido, hizo hincapié en que «queda todavía un largo camino por recorrer», en alusión a los informes favorables necesarios del Gobierno vasco. No obstante, el alcalde dejó claro que no habrá más movimientos ni reparos por parte de esta institución. «Como hemos hecho hasta ahora, nos limitaremos a cumplir y a hacer cumplir la ley».

El crematorio es un proyecto de Funeraria Aranguren. De salir adelante, se ubicaría a escasos 25 metros de unas viviendas que se levantan junto a la carretera vieja que conduce a Zaramillo. En Arbuio hubo y hay una fuerte contestación social. En 2003, las movilizaciones fueron multitudinarias, si se tiene en cuenta la limitada población de este núcleo urbano (unos 300 vecinos). Ahora todo apunta a que las protestas volverán a la calle.

Hace seis años, la Corporación se posicionó en contra, tras prosperar en diciembre de 2012 una declaración firmada por todas las fuerzas políticas con representación entonces en la localidad (PNV, EH Bildu, PSE y un grupo independiente) en la que se repudiaba el equipamiento. El equipo de gobierno justificó su decisión en base a un informe técnico y jurídico en el que se aseguraba que el plan contenía «un conjunto de indefiniciones, contradicciones y errores que no han sido subsanados». Y se añadía que el proyecto de horno resultaba «absolutamente inadecuado e inespecífico». Los jueces rechazaron después este planteamiento y advirtieron de que se había tomado una decisión arbitraria, contraria a procedimiento y que generó indefensión a Funeraria Aranguren.