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ANE ONTOSO
Abanto Zierbena
Lunes, 30 de enero 2023, 18:05
El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Abanto que «proceda a realizar los trámites necesarios para retirar el monolito de homenaje a un miembro del GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), contiguo a la Plaza de La Trinidad en el barrio de Las ... Carreras, sito en su término municipal». La institución había recibido una queja presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, en la que solicitaba su intervención para instar a su «eliminación.
La asociación señalaba que había «una placa» en reconocimiento de Juan José Galende, que «fue condenado por delitos de terrorismo, robos, atracos y por haber asaltado a dos policías nacionales, a los cuales hirió y necesitaron semanas para su recuperación». Y añadía, asimismo, que «falleció en prisión por una bronconeumonía» en 1981 «después de haber estado 97 días en huelga de hambre», momento en el que «tenía varios juicios pendientes por delitos de asesinato y robos». «Cada año se le realiza un homenaje y el pasado mes de mayo recibió el citado homenaje anual en el 41° aniversario de su muerte».
Vista y analizada la queja, junto con la documentación remitida, el Ararteko, Manu Lezertua, indica en la resolución que solicitó información sobre el asunto al Ayuntamiento de la localidad «en relación» a la ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que regula «el derecho a la dignidad de las víctimas» y establece que «los poderes públicos vascos velarán para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».
El Ararteko recibió, con fecha 17 de enero de 2023, contestación de la alcaldesa de Abanto, Maite Etxebarria , en la que señala que «acepta la recomendación» y en consecuencia «ha iniciado los trámites para la retirada del monolito», como solicitaba Covite, y que «con la mayor brevedad posible se procederá a su retirada». Así lo ratifica a EL CORREO la regidora, que asegura que «acataremos lo que el Ararteko nos requiere», aunque ha rehusado hacer ninguna otra declaración. Covite «valora positivamente que vayan a retirarlo, que es lo que parece que tendría que ocurrir», puesto que, observan «las personas miembros de organizaciones terroristas no tendrían que tener un monolito. Nos gustaría que ocurriera así con pintadas o carteles sobre miembros de ETA que persisten en otros municipios».
El Ayuntamiento ya respondió a la institución cuando le llegó la queja. Lo hizo «mediante escrito de su alcaldesa en funciones» y señaló que «en ningún momento» el Consistorio «ha instalado el citado monolito ni organiza, ni secunda, ni patrocina ningún homenaje a dicha persona». Informaba, asimismo, que el citado monolito «se encuentra ubicado en un parterre ajardinado adyacente a la plaza Trinidad, colindante con una urbanización privada» y fue instalado «hace muchos años, al parecer, por particulares»y , como apunta la consulta de los archivos municipales, «sin autorización o permiso a tal efecto».
A pesar de ello, el Ararteko afirma que, a su juicio, la existencia de dicho monolito de homenaje «en un sitio público» en su término municipal «vulnera» la ley Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y «supone por sí mismo una afrenta y humillación a las víctimas del terrorismo en general y específicamente a las del GRAPO, así como a toda la sociedad». Y especifica que «aunque el Ayuntamiento no participe en el homenaje anual a dicha persona, la existencia del monolito permite y facilita la celebración del mismo en dicho lugar».
La resolución ilustra que el homenaje que recibe Juan José Crespo Galende consta de «una placa con su rostro, su nombre y apellidos, alias y fecha de defunción con el texto 'Herriaren Urguiloa-Viento de Libertad' y la leyenda en euskera y castellano: 'Presoen eskubideak eta duintasuna defendatuz gose greban hilda-Muerto en huelga de hambre defendiendo los derechos y la dignidad de los presos' junto a un lauburu». El recluso, que había sido condenado a 37 años de cárcel por su pertenencia a la banda terrorista y se encontraba en la cárcel de Herrera de la Mancha, reivindicaba « el agrupamiento de los presos del GRAPO y mejora de las condiciones penitenciarias de todas las personas presas», como recoge el Ararteko.
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