El Ararteko revela que Sestao ha empadronado a los inmigrantes que denunciaron al alcalde

No obstante, el 'ombudsman' agregó que el municipio fabril aún tiene pendiente de cumplir otra petición suya, en este caso relativa a las medidas que podrían adoptarse en la localidad vizcaína para «garantizar» la convivencia social.

Lamarca hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a la Cadena Ser, después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo haya admitido a trámite una denuncia interpuesta por SOS Racismo contra Josu Bergara; un pleito en el que acusa al alcalde de prevaricación por impedir inscribirse en el padrón municipal en concreto a cinco familias y a dos particulares, todos ellos extranjeros, «negándoles derechos como la sanidad o la escolarización de los hijos».

La ONG acompañó esa acusación con unas grabaciones realizadas de forma oculta a Bergara en 2013, durante dos reuniones con agencias que gestionan el alquiler en Sestao. En una de ellas se escuchaba al alcalde decir: «¿La mierda a Sestao? ¡Pues no! La mierda ya no viene a Sestao; si no, la echo yo; a base de hostias, claro». Ese testimonio llegó a SOS Racismo desde una de las inmobiliarias a las que el alcalde responsabiliza de forma velada de la existencia de 'pisos patera' en el municipio.

El Ararteko aclaró ayer que ni sus recomendaciones al Ayuntamiento de Sestao ni el procedimiento judicial instado contra el alcalde tienen que ver con esas manifestaciones. Según precisó Lamarca, la función del 'ombudsman' es tener una visión del trabajo que desarrollan las administraciones públicas, sin entrar a valorar otras responsabilidades que deben dilucidarse en «el campo de la política».

«Juicios peligrosos»

Y esa reflexión la extendió tanto a la polémica de Sestao como a la suscitada por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del Partido Popular, quien acusó a dos colectivos de inmigrantes de religión musulmana, marroquíes y argelinos, de querer vivir de las ayudas sociales y de no hacer ningún esfuerzo por integrarse.

En el caso particular de la capital alavesa, Lamarca consideró «peligroso y equivocado» formular «juicios de intenciones y generalizaciones» sobre los perceptores de las prestaciones sociales. Reiteró que el sistema de ayudas del País Vasco es «modélico» y ha sido elogiado en otras comunidades.

En su opinión, si se piensa que hacen falta cambios, deben plantearse en el Parlamento vasco. «El señor Maroto tiene dos cargos públicos, alcalde y parlamentario», recordó el 'ombudsman', invitándole a trasladar sus propuestas a la Cámara. Lamarca agregó que los responsables políticos deben actuar con «responsabilidad y rigor», y plantear cambios concretos «más allá de declaraciones».

«Los ciudadanos deben saber que la renta de garantía de ingresos está ligada a la empleabilidad (exceptuando a viudas y jubilados) y tiene unos requisitos. Miles de personas han sido expulsadas por el sistema porque no los han cumplido. Hay un nivel de vigilancia muy estricto», recalcó el Ararteko.