Una valla perimetral refuerza la protección del número 7 de la calle Sarrikobaso, en el centro de Algorta, frente a la posible caída de cascotes a la vía pública. Fue colocada por Aitor Ansoleaga, vecino del primer piso, «por miedo a que alguien sufra daños». « ... El edificio se cae. No hay más remedio. Nadie nos asegura la casa ni por dentro, ni por fuera», admite. Este inmueble, que fue declarado «ruina inminente» por el arquitecto municipal en 2020, se mantiene todavía en pie a la espera de que una empresa privada verifique ahora con un nuevo informe si puede ser derruido. La familia de Aitor -una hija suya reside también en la planta baja- es la única que habita en el centenario inmueble por la falta de recursos para irse. «La vivienda era de mis padres, mi madre nació aquí, y cuando vine de Venezuela hace 32 años decidí volver a Algorta. Desde entonces recuerdo el edificio en decadencia», cuenta este getxotarra que comparte domicilio junto a su pareja y su hijo de 9 años.
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El estado del inmueble impresiona a simple vista. La vivienda en la que reside Ansoleaga es la que, a priori, mejor está debido a las reformas que han realizado. Así y todo, temen «que se les caiga el techo encima», puesto que los dos pisos superiores están deshabitados y en un reconocible mal estado. «El edificio se está separando de la estructura y los techos están podridos. Me paso los días haciendo apaños en pisos ajenos (coloca espuma en los agujeros) sin saber hasta cuándo vamos a aguantar», explica con desesperación.
2019 fue el año
en el que el Ayuntamiento aprobó una alegación para incluir una parcela de Puerto Orduña en el proyecto
Su mujer, Anairis, puntualiza que ella pasa «aún más miedo por mi hijo». «Cuando vienen sus amigos a verle a casa, pasan casi de puntillas y luego lo hablan en la escuela. No es grato para nadie y menos para un menor. Hemos vivido episodios muy desagradables», comenta ella. A lo que se refiere es a las diferentes ocupaciones de los domicilios vacíos que han presenciado. «Una vez la Ertzaintza tiró la puerta de entrada, que la tuvimos que sustituir por una de hierro. ¿Cómo se puede vivir así?», se pregunta la pareja, cuyo único deseo es que «el Ayuntamiento autorice su demolición». «Es la única manera de que podamos concluir con la venta -Ansoleaga cuenta con el 60% de la propiedad del inmueble- y avanzar con nuestras vidas».
La historia de Sarrikobaso se remonta a años atrás, cuando el Ayuntamiento incluyó en una unidad de ejecución los inmuebles 7, 9, 11, 17 y 19 para levantar en su lugar pisos libres y sociales. Tras varios años de negociaciones, en 2016 los propietarios afectados llegaron a un acuerdo e incluso firmaron un precontrato con una promotora, plan que fue truncado tres años más tarde cuando el Consistorio admitió una alegación que permitía incluir en el proyecto urbanístico un solar de Puerta Orduña, modificando así las mayorías. Ahora deberán esperar a la aprobación definitiva del PGOU, algo que «agota» a Ansoleaga, que admite «no poder más». «Si no lo sacan de la redacción del nuevo plan general podemos estar aquí años, cuando el precontrato que firmamos con la promotora concluye en apenas dos y la vivienda se cae sola».
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Al igual que el resto de los propietarios de Sarrikobaso, Ansoleaga considera que la opción más viable es que el Consistorio «compre los terrenos como se planteó en 2008 y en 2011» y critican «la falta de empatía». Una opción que, según Álvaro González, responsable de Urbanismo, se «descartó por la imposibilidad de encontrar a todos los titulares».
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