El plan parcial de Abaro en Sopela, que incluye la ampliación del instituto y la construcción de 490 VPO, podría retrasarse durante varios años. La agrupación Alternativa Vecinal, que cuenta con una concejala en el Ayuntamiento, ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo ... Contencioso Administrativo de Bilbao por la que solicita la anulación del proyecto municipal. El colectivo vecinal fundamenta su petición, según adelantan a este periódico, sobre dos cuestiones. Por un lado, se muestran contrarios de que se canalice el tráfico de las futuras promociones, donde se levantarán 490 VPO, por las «calles estrechas y pequeñas» del entorno del actual instituto. Y por el otro, critican que inicialmente estaba previsto edificar hasta 520 pisos protegidos.
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«En la zona de la playa han permitido construir chalés y casas unifamiliares durante estos años, mientras que en un terreno de siete hectáreas y en parte inundable, quieren meter todas esas viviendas protegidas, pero además van y reducen luego el número inicial. Tendrán que pensar en que las que no se van hacer se puedan construir en otro lugar del municipio», explican.
La judicialización del proyecto ha provocado que los propietarios del terreno, que habían llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para desarrollar la zona, se hayan echado atrás y prefieran esperar a que se resuelva el asunto en los tribunales. La consecuencia más directa es que ya por de pronto se retrasa la ocupación anticipada que se iba a llevar a cabo en las parcelas que se cederían alGobierno vasco para el nuevo instituto.
Ante este cambio de planes, portavoces de EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Podemos y sus 16 concejales –la totalidad de la Corporación son 17 ediles con la representante de Alternativa Vecinal– mostraron ayer «incomprensión y rechazo» al recurso. «Ha sido presentado además por la que es la única concejala de Alternativa Vecinal y le pedimos que lo retire», solicitó la alcaldesa, Guruzne Carrasson. Marisa Gadea, por su parte, insiste en que la demanda es «una cuestión de los vecinos, no del partido político».
Sea como sea, Carrasson reveló que el recurso «puede suponer la paralización dos o tres años». «Los perjudicados con todo esto son todos los alumnos que cursan sus estudios en la educación pública en unos edificios que han quedado pequeños y que tienen que finalizar sus estudios de Bachiller fuera del municipio». «No llegamos a comprender quién se puede beneficiar porque se perjudica a los vecinos que podían optar a un piso protegido y a la continuidad del cinturón verde en la vega del Gobela», dijo.
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