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Un grupo de vecinos de Sopela se encuentra en pie de guerra contra la decisión del Ayuntamiento de trasladar los contenedores de basura frente a su portal en la calle Zabalbide. La isla de depósitos de orgánicos y papel situada en el número 7 de esta vía será movida aproximadamente unos 10 metros, al número 5. Tras el anuncio, los residentes del edificio de la nueva ubicación alegan que la medida «favorecería» los intereses de los propietarios de los adosados colindantes y han anunciado que escalarán la denuncia al Ararteko.
El Consistorio justifica el cambio después de haber detectado «numerosos problemas» donde se asientan actualmente los contenedores. Uno de ellos es la seguridad vial para peatones y vehículos: «dificulta la visión a coches que se incorporan desde la calle Etxebarri y se sitúa junto a un paso de cebra». También defiende que «la zona se ha convertido en un vertedero incontrolado de voluminosos y restos de obra».
Personal de la Policía local y la técnica de medio ambiente, tras una inspección y el desarrollo de un informe, dictaminaron que «había que cambiarlos de sitio«, explican fuentes municipales. Sin embargo, las familias del número 5 rehusaron los criterios e interpusieron una queja formal. Ante el rechazo, el concejal de Urbanismo, Mikel Tapia, se reunió a finales de octubre con los representantes de la comunidad de vecinos para explicar y ratificar la actuación.
Los «afectados» aseguran que la justificación municipal «carece de fundamento». «Alegamos que tal desplazamiento no cumple los motivos medioambientales expresados, ya que únicamente cambia la ubicación de los residuos escasos metros, sin solucionar el problema de base que es la acumulación de residuos voluminosos y específicos de obras no controladas», afirma uno de los residentes en el portal desde hace casi sesenta años. Los vecinos sospechan que detrás de esta decisión están «las sendas reclamaciones que los propietarios de las viviendas unifamiliares han enviado».
«Los depósitos siempre han estado ahí, antes y después de la construcción de las casas hace menos de 30 años», explican portavoces de la comunidad de vecinos del edificio que alberga a trece familias, dos pisos en régimen de alquiler y una vivienda turística. La nueva ubicación planteada «generaría problemas de acceso al portal para aquellas personas con movilidad reducida que viven en él e impediría el estacionamiento de vehículos de emergencia en caso de atención urgente», reza en el documento presentado ante el Ejecutivo local. «De hecho, tampoco cumpliría la norma estatal de un mínimo de diez metros de separación con el portal», remarcan. Sin embargo, hay una Ordenanza de residuos, desde 2022, en la que se concreta que el Ayuntamiento tiene «la capacidad de organizar el servicio», como puede ser con las ubicaciones de los contenedores.
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