Vecinos de Berango convocan una concentración frente a la oficina de una constructora en el municipio

La agrupación alude que Amenabar tomó el nombre del implicado después de que éste participase en un programa de radio explicando las causas del movimiento. Asimismo, subrayan que la compañía ha solicitado conocer los datos de las personas que actualmente manejan las redes sociales y el correo electrónico. En respuesta a ello, se ha convocado una nueva concentración que tendrá lugar el próximo 23 de febrero frente a la oficina de la localidad con el fin de «solidarizarse con el vecino acusado».

La empresa, que edificará alrededor de 396 viviendas en Berango, de las cuales 328 serán protegidas, manifiesta que se han tomado medidas legales «contra la persona que fue identificada públicamente como portavoz del colectivo ante la ausencia de una asociación con personalidad jurídica propia». La constructora apunta que la actuación responde a los diferentes «daños materiales sufridos» durante todos estos meses, así como los desperfectos en el local comercial de la ciudad o la cartelería, «llegando a tener que invertir en el arreglo de éstos y en la contratación de personal de seguridad».

Remarcan que la sociedad ha vivido «una continua campaña de desprestigio por redes sociales donde se menciona 'Amenabar Amenazas' -haciendo alusión a un juego de palabras entre ambas- y aparecen múltiples frases e imágenes difamatorias». A pesar de ello, la entidad vecinal confirma que seguirá en su labor de «denunciar las irregularidades de la edificación del sector Otxabene, como el caso de la permuta del palacio Icaza».

Desde el Ayuntamiento afirman no tener «relación con el grupo» y añaden que «nunca se han puesto en contacto para tratar los temas de los que manifiestan». Desde Berango Lurraren Defentsan recalcan que la empresa Inmogroup, propiedad de Amenabar, valoró el palacio Icaza en 2,1 millones de euros «sin comprobar cómo estaba por dentro» y critica al Consistorio que «diese por buena la tasación sin pedir una segunda opinión, ni entrar dentro». Desde la plataforma abogan que el propósito es evitar «levantar viviendas de alquiler social».