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Revés judicial y definitivo para el Ayuntamiento de Getxo por la rotonda de la playa de Azkorri. Portavoces municipales confirmaron ayer a este periódico que «en los próximos meses» eliminarán la glorieta que se construyó en 2020 y después de que el Tribunal Supremo haya ... rechazado el recurso de casación, que la institución local presentó el pasado mes de julio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El fallo ratificaba a su vez a la del Contencioso- Administrativo número de 2 de Bilbao que venía a decir que la construcción «no estaba permitida» ni por la Ley del Suelo, ni por las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU de Getxo).
El auto al que ha tenido acceso ELCORREO se ampara a la hora de rechazar la defensa del Consistorio, de igual forma que hicieran las instancias judiciales anteriores, en que «no cabía ejecutar una infraestructura de viabilidad rodada en un suelo calificado como sistema general de espacios libre, sin previa descalificación». Además, en esta ocasión le condena a pagar las costas que se cifran en 300 euros.
Una vez llegado al Alto Tribunal la institución local, en manos de PNV y PSE, agota por tanto la vía judicial y deberá derribar la rotonda, como ha anunciado, así como reponer los terrenos a su estado originario al no haber sido construida «conforme a derecho». No le queda otra después de zanjarse un litigio judicial que comenzó hace más de tres años con vecinos y ecologistas.
La glorieta fue construida en 2020 después de que Bizkaibus y la Diputación advirtieran del peligro que existía a la hora de realizar maniobras ante la masificación de vehículos. El Ayuntamiento por su parte consideró que no había mayor problema, pese a las quejas vecinales, porque se intervenía en un terreno municipal y con ello se ofrecía un «servicio seguro».
Desde el colectivo Azkorri Bizirik lamentan que se haya tenido que esperar «más de tres años» y celebrar «tres pleitos» para «acabar lo que no tenía que haberse empezado». «Se ha gastado dinero público en una obra que desde el minuto uno dijimos que no era legal, pero en vez de tomar nota de nuestras propuestas, lo que se ha hecho es un auténtico derroche de dinero público. Se ha alargado la vía judicial con el dinero de los ciudadanos y Azkorri Bizirik ha tenido que aportar 7.500 euros gracias a la colaboración ciudadana», recuerdan.
Portavoces del colectivo acusan al Ayuntamiento getxotarra de «causar el problema del incremento de circulación y vehículos aparcados, que impiden transitar correctamente a los autobuses al otorgar autorizaciones indebidas y en contra de informes técnicos ambientales a un local de hostelería que está en la zona». Piden además que «se hable de los problemas con la ciudadanía y busque soluciones colectivas».
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