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La Junta de Personal del Ayuntamiento de Getxo, órgano en el que están representados los trabajadores, quiso dar ayer su versión sobre la pérdida de ... 8 millones de euros en 60.000 recibos y sanciones que no pudieron cobrarse por estar fuera de plazo (la mayoría multas de tráfico). El concejal de Hacienda y Personal, Inaxio Uriarte, atribuyó hace unos días este menoscabo económico a «las bajas laborales y errores informáticos», así como a la contratación por parte del anterior jefe del área de Informática de un programa que modificó la forma de recaudar.
Sus palabras no cayeron nada bien entre los funcionarios que, a través de un comunicado, exigieron ayer una «investigación exhaustiva y transparente que determine responsabilidades». Quieren saber desde quiénes solicitaron los cambios hasta quiénes los ejecutaron y supervisaron». «No se puede permitir que se eluda la responsabilidad política y técnica. La rendición de cuentas es imprescindible para restaurar la confianza en el Ayuntamiento», advirtió la Junta de Personal, al tiempo que recriminó a Uriarte utilizar «excusas infundadas para ocultar posibles negligencias en la gestión de un proyecto que ha derivado en una pérdida económica significativa para las arcas municipales».
Consideraron «inadmisible e injusto» que se mezcle el absentismo del casi 11% con la falta del cobro de impuestos durante dos décadas. La Junta de Personal reveló que el «jefe de Personal, el concejal de Personal, Inaxio Uriarte, y la anterior tesorera realizaron una gestión deficiente». «No se realizaba ni un seguimiento ni un control efectivo de las personas en prácticas, permitiendo que se convirtieran en interinas sin demostrar su capacidad o eficacia. Ha habido una mala gestión que ha repercutido negativamente en el funcionamiento del Ayuntamiento», lamentaron.
Los sindicatos que forman el órgano laboral –LAB, ELA, Erne, Esan y la central independiente GIT– advirtieron de que el «absentismo es una consecuencia de problemas estructurales que no se han abordado, como el exceso de trabajo y la falta de personal». Y fueron más lejos. Apuntaron a «conflictos» entre personas que ha generado un «clima laboral que afectó gravemente a la salud y al bienestar de los trabajadores».
Responsabilidades
Aseguraron que «resulta inaceptable e indignante que se responsabilice del mal funcionamiento de una herramienta informática, que fue adjudicada mediante concurso público, al anterior jefe del área. «Este intento de culpar a una persona fallecida es una bajeza moral inadmisible», destacaron. «No es admisible señalar a una de las partes sin asumir la responsabilidad de todos los implicados en el proyecto, comenzando por la responsabilidad política», insistieron.
«La gestión de un proyecto de esta envergadura requería un control y supervisión. Cualquier fallo debe ser analizado globalmente y no mediante la búsqueda de chivos expiatorios. No debe ser tolerado», concluyeron.
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