Sopela teme el bloqueo de tres planes por el conflicto en Abaro

La parcela de Abaro en Sopela se ha convertido desde hace tiempo en protagonista del desarrollo del municipio. Por un lado, porque el Departamento vasco de Educación ha aprobado recientemente la ampliación del instituto de Iberre en una parte del solar –cedido por el Ayuntamiento–, tras más de una década de reivindicación por parte de la comunidad educativa. Por otro lado, existe la voluntad de ampliar el humedal de Urko y recuperar este espacio natural, que forma parte del anillo verde de la localidad.

Además de esas dos actuaciones previstas en el terreno, también está sobre la mesa el desarrollo urbanístico, que contempla la construcción de 490 viviendas de protección oficial y 126 libres, avalado en mayo del pasado ejercicio. Estos tres proyectos son «oportunidades que  no se pueden perder», señala la alcaldesa Guruzne Carrasson, después de que se diera a conocer que la Asociación Vecinal de Sopela retomará un recurso contencioso administrativo contra el plan parcial de los pisos, principalmente, por «no suplir el déficit de residencias de protección pública del pueblo». En 25 años solo se han construido 149 VPO de las 808 que hacían falta en 1999.

Según el Ayuntamiento, los tres proyectos en Abaro «podrían estar en riesgo de suspensión» si la presidenta de la agrupación Marisa Gadea, que es también la concejala de Alternativa Vecinal de Sopela, sigue adelante por la vía judicial. Esta situación es el resultado de una negociación que comenzó en febrero sin haber llegado ahora a un acuerdo.

Entre las peticiones vecinales están que un 75% de las viviendas sean protegidas y que sean las primeras en construirse, y el porcentaje restante sean VPT. Además solicitan que la calle Abaro no desaparezca para evitar que todo el tráfico pase por Iberre (por detrás y frente a la puerta del instituto Sopela).

Ante esto, los concejales que representan a EH Bildu, Elkarrekin Sopela, PNV y PSE-EE han decidido canalizar estas peticiones a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta propuesta cuenta con el respaldo de 16 de los 17 ediles. El Consistorio también ha informado que «se están desarrollando las VPP para alquiler social en Loiola y Asu de las que pronto habrá noticias concretas». «Llegar a un acuerdo para desbloquear el desarrollo del plan parcial de Abaro es de vital importancia tanto en el ámbito educativo como en vivienda y medioambiente», remarca la alcaldesa.

Con el recurso interpuesto, «si se va a juicio y se tiene que modificar el plan, el proceso tardaría 3 años. Por contra, si se acepta anular el actual proyecto y se renueva con lo que pide la asociación se daría vía libre en 18 meses», explica Marisa Gadea.

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