Sopela y Plentzia ponen el freno a los pisos turísticos

La costa de Uribe Kosta no está siendo ajena al despegue de turismo que vive la provincia y a la implantación masiva de viviendas turísticas. Los Ayuntamientos no están por la labor de que esta situación se vaya de madre y localidades como Sopela y Plentzia ya están poniendo coto a esta modalidad. Una vez puesta la lupa encima de esta casuística empeñarán todos sus recursos de cara a «cuidarse». «La tendencia es creciente y hay una preocupación», destacan.

Sopela ya ha movido ficha y de momento acaba de aprobar un recargo del 50% del IBI. A partir de enero se les tratará a la hora de tributar de igual forma que si el piso estuviese vacío. Es la primera medida que se toma para atajar un parque turístico que cuenta ya con 65 pisos y 10 habitaciones que también se alquilan con esta fórmula. Se seguirá explorando otras opciones para que el parque inmobiliario cubra las necesidades de sus vecinos. «Nos ha costado darle un empaque jurídico y fiscal, pero creemos que puede sentar un precedente a nivel de otros municipios», explican portavoces municipales. La decisión de EH Bildu y Elkarrekin Podemos ha sido apoyada por el resto de partidos políticos. Los afectados insisten, sin embargo, en que lo importante es cómo se va a aplicar porque «cada vez se ven más pisos ilegales y a ver si sólo vamos a pagar los que sí cumplimos con todo», comentan desde Aloka Rooms, uno de los primeros alojamientos del municipio.

El Ayuntamiento de Plentzia, que también está gobernado por la coalición soberanista, limitará antes o después este tipo de turismo. Su alcalde, Aitor Garagarza, tiene claro que el municipio debe de ser, o por lo menos en su mayoría, para que tengan acceso a la vivienda aquellos que desarrollan su proyecto de vida. «Tienen que seguir viviendo aquí, los pisos están muy caros y muchos sólo se alquilan en verano», señala. El próximo año los propietarios de las segundas residencias que estén vacías ya sufrirán un recargo del 50%, el máximo que permite la norma foral.

Consideran que ahora mismo están atados de pies y manos para más. El municipio se rige por unas normas subsidarias de 1994, algo que cambiará con la elaboración del futuro plan general de ordenación urbana, que se licitará el próximo año. «Tenemos un vacío, pero a partir de entonces ya podremos hacer un estudio de segundas viviendas y turísticas para saber dónde se ubican y teniendo en cuesta esas circunstancias estableceremos mecanismos para hacer un recargo y delimitar su expansión», anuncia el primer edil.

Su vecino Gorliz de momento no ha aclarado sus planes, preguntado por ELCORREO no ha querido hacer declaraciones. Otros, sin embargo, como Barrika, Berango y Getxo prefieren de momento mantenerse a la espera de la evolución. En la decisión también están las siglas porque en todos ellos gobierna el PNV. La alcaldesa de la primera localidad, Iztiar Unibaso en el que es uno de los bastiones jeltzales desde hace 44 años entienden que «no es una zona tensionada» en ese sentido. «El Gobierno vasco está elaborando un plan sectorial para regular el uso turístico y después cada Ayuntamiento lo adaptará a su municipio», aseguran.

Getxo tampoco tiene por el momento intención de utilizar la presión fiscal como medida disuasoria ante futuros negocios de este tipo, de haberlo querido hacer lo hubiera incluido en la ordenanza que mantiene el mismo precio de tasas e impuestos para el próximo año. Berango también sigue la misma tónica que los otros dos municipios. No es un problema y no está en la agenda política, hay que tener en cuenta que es el único que no tiene playa y, por eso, también los turista prefieren visitar otras localidades de la Margen Derecha.

El departamento de Turismo del Gobierno vasco prefiere mantenerse ajeno a las decisiones de los ayuntamientos porque «respeta» las competencias municipales y además asegura que «son ellos los que conocen su realidad y tienen que decidir cómo ordenan su suelo. En cada localidad es diferente, en unas puede no haber casi y en otras muchas», afirman.

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