Encontrar vivienda asequible en Sopela es complicadísimo. La localidad costera difícilmente oferta inmuebles por debajo de los 3.100 euros el metro cuadrado– fue la media el mes pasado, según portales inmobiliarios como pisos.com–, pero incluso ha habido años en los que ha sido ... todavía peor. En pleno boom inmobiliario, en 2009, se llegó a tocar techo de los 4.000 euros el metro cuadrado. Ante esta realidad y «un gravísimo problema de vivienda», según reconoce la propia alcaldesa, Guruzne Carrasson, el Ayuntamiento , en manos de EH Bildu, permitirá construir VPO en los bajos comerciales.
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La institución local recupera así una medida que sí se incorporó al planeamiento hace dos décadas en otros municipios e incluso se impulsó desde el Gobierno vasco para ofrecer otras posibilidades habitacionales más asequibles. Sopela no entró entonces en esa rueda y, de hecho, en 2005 el gobierno local, por aquel momento en manos del PNV, rechazó la iniciativa que partía de Ezker Batua. Ahora, la coalición abertzale que ostenta la 'makila' considera que esta opción puede ser una buena alternativa para aquellos vecinos que quieren «desarrollar su proyecto de vida en el municipio, pero no pueden».
Según ha explicado Carrasson, «con esta ordenanza se intenta aumentar el número de viviendas disponibles sin necesidad de utilizar nuevo suelo, y además que los propietarios de esos locales inutilizados tengan una salida para los mismos, a la vez que se mejora la imagen de las zonas en que están situados. Tenemos como objetivo la optimización del patrimonio edificado y facilitar el derecho de las personas a un hogar digno».
Eso sí, la institución local no dará barra libre para todos y delimitará las zonas en las que será posible la transformación de los locales comerciales. «Esta medida no puede suponer un perjuicio para el desarrollo comercial del municipio, así que nos parece razonable acotar los lugares en los que sea posible hacerlo y no penalizar así el desarrollo del comercio del municipio», según ha destacado la primera edil.
El gobierno municipal no ha detallado en qué áreas se podrán hacer el cambio de uso. Sí que ha anunciado que, tanto «las condiciones económicas» que deberán cumplir las personas que accedan a los inmuebles como las transmisiones de los locales deberán cumplir los requisitos que impone el Gobierno vasco para el resto de viviendas de protección pública.
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El Ejecutivo local ha explicado que de forma previa a la elaboración de la ordenanza se llevará a cabo una consulta pública para que los ciudadanos presenten sus aportaciones y sus quejas. El plazo será hasta el 13 de diciembre y podrá realizarse en el registro electrónico del Ayuntamiento y en las oficinas de atención ciudadana, en horario de 09.00 a 13.30 horas.
También pasado mañana jueves, a partir de las 19.00 horas, los responsables municipales celebrarán una asamblea pública abierta a toda la ciudadanía en el hall del Ayuntamiento en la que se informará de más detalles a las personas que estén interesadas en la ordenanza.
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