El PSE censura al PNV por no presentar alegaciones a las voladuras del subfluvial

Los socialistas consideran que la institución local debe «velar» por sus vecinos, más allá de las siglas políticas. El 8 de abril se terminó el plazo de alegaciones y la Diputación analiza ahora las distintas propuestas. Los residentes en la zona también han mostrado en las últimas semanas su preocupación por las explosiones controladas. El túnel a 35 metros de profundidad para salvar el lecho fluvial costará más de 500 millones de euros y se inaugurará como pronto en 2031.

El PSE es contundente. Requiere la «supresión de las voladuras porque son inasumibles». También exige la eliminación del viaducto sobre la glorieta de Galindo, en el otro margen de la ría. «Resulta sorprendente que el promotor presente nuevamente un planteamiento que ya fue expresamente rechazado inicialmente», lamentaron en relación a las deflagraciones. La portavoz socialista, Carmen Díaz, advirtió de que se realizarán a «menos de 500 metros de los edificios residenciales». En base a estas características, insistió en que deben tratarse como «especiales, según el reglamento general de normas básicas de seguridad minera, algo que no se ha hecho y no se ha elaborado un proyecto firmado por un técnico titulado en Minas».

El Ayuntamiento de Getxo, a través del departamento de Medio Ambiente –en manos del PNV–, ha solicitado «la monitorización continua de vibraciones y niveles sonoros a tiempo real, que se informe previamente y se valore la posibilidad de programar las voladuras fuera del horario lectivo, cuando sea técnicamente viable, para así minimizar el impacto sobre los alumnos».

Para los socialistas son insuficientes estas medidas. Ayer mostraron su «preocupación» porque «podrán tener un impacto significativo en el entorno urbano, generando niveles elevados de ruido, vibraciones, emisiones de partículas y el posible movimiento del nivel freático, con el consiguiente riesgo de grietas y daños estructurales en viviendas y edificios». «Es un proyecto de enorme impacto, las personas que viven en el entorno no van a tener que soportar las molestias inherentes a una obra, sino que hablamos de niveles muy altos durante un largo período de tiempo, ya que la obra se prolongará durante cinco años», insistieron.

La vicealcaldesa getxotarra aseguró que «nos preocupa especialmente el impacto en el colegio público de Romo y en el instituto Artaza-Romo». Requirió por ello que se tramite una «nueva declaración de impacto ambiental acorde a la legalidad vigente» y que el proyecto se «realice con transparencia, garantías técnicas y dentro del marco legal». «No se recogen medidas correctoras que afronten adecuadamente el elevado nivel de ruido previsto», resumió. «No se ha analizado su impacto. Los estudios presentados para justificar la modificación no cumplen, en nuestra opinión, con los niveles de exhaustividad y rigor exigibles», incidió.

Según argumentó Díaz, «la promotora del proyecto, Interbiak, incluye en la modificación actual aspectos que fueron rechazados en la declaración original. El Ayuntamiento no es la administración competente para autorizar o impedir el proyecto, pero sí para presentar alegaciones y velar porque el desarrollo se realice de forma rigurosa, legal y con el menor impacto posible para la ciudadanía».