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Leire Pérez
Berango
Jueves, 23 de noviembre 2023, 10:32
La casa torre de Otxandategi, en el entorno del barrio de Kurtze en Berango, así como el terreno que la rodea, varias hectáreas, y que lleva ocupada más de un año y medio, y en la que varios ciudadanos han puesto en marcha una huerta ... comunitaria bajo el nombre de 'Otxantegi Herri Lurra', no fue ayer finalmente desalojada. Tras más de año y medio de proceso en los tribunales, una comitiva judicial tenía la orden de echar al okupa que, según sentencia de la Audiencia Provincial, ha sido condenado por un «delito de usurpación».
Sin embargo, la presión de una treintena de personas que decidieron arropar al joven y acudir al llamamiento que realizó por diversos medios, y por el que se negaron a abandonar el lugar, obligó a suspender el acto. Poco antes de las 09.30 horas los representantes judiciales, junto a los letrados de la propiedad, y acompañados de agentes de la Ertzaintza y Policía Local, acudieron a la vivienda, sin embargo, ante la posibilidad de que se produjeran altercados y con la presencia de pocos efectivos, finalmente decidieron aplazar el desalojo.
Las personas que estaban en el lugar para evitar el acceso al terreno colocaron unos fardos, hicieron una zanja en el camino y colocaron un bidón con mil litros de agua. De momento, no se ha fijado la nueva fecha en la que se procederá a desocupar la finca desde la que 'Otxantegi Herri Kurra' denuncia el «urbanismo depredador» que del Ayuntamiento de Berango. El Plan General de Ordenación Urbana preve el desarrollo en esta área de 451 nuevas viviendas, la mitad de ellas libres. En 2019 el Tribunal Supremo avaló el plan –portavoces municipales aseguran que el número puede cambiar porque no está hecha todavía la reparcelación–.
Según explicó Santiago Canales, portavoz de 'Otxandategi Herri Lurra' a EL CORREO «hemos conseguido hacer fuerza, parar el intento de desalojo y detener el pelotazo urbanístico y la especulación. No nos damos por vencidos, vamos a resistir porque pensamos que estos planes responden a los intereses de los terratenientes y empresas constructoras y el Ayuntamiento es partícipe de ellos».
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