«Los políticos no aceptarán regalos, favoritismos, ni décimos de Lotería»

Quizá el capítulo que más interés pueda despertar sea el de los regalos y beneficios. Y para que no haya malos entendidos, el escrito al que ha tenido acceso este periódico es claro y tajante. «El cargo público no admitirá de personas o entidades ningún regalo o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía por razón de su cargo». Y seguido se enumeran varios ejemplos, algunos muy sonados: «Entradas, vales, números de lotería, donaciones…». Una norma que extiende también a su circulo familiar. «Rechazar lo que interfiera en sus decisiones».

El objetivo de elaborar este documento no es otro que «concretar los principios y valores a seguir». Es decir, trazar unas líneas para encaminar el Ayuntamiento por la buena dirección. Y en este trabajo se ha tomado como referencia otras prácticas existentes como el elaborado por Eudel, también el Gobierno vasco y el Código Ético y de Buen Gobierno de ayuntamientos como el de Bilbao, Barakaldo o Eibar. Unas bases sobre las que Berango levanta ahora sus propias normas que, en caso de no cumplirlas, contemplan sanciones: desde apercibimientos por daños leves al interés público, hasta judicializar el caso y trasladarlo al Ministerio Fiscal si es objeto de ilícito penal.

El documento se articula en seis puntos: las obligaciones generales, las responsabilidades públicas, cómo actuar en casos de conflictos de intereses, la actuación de los cargos públicos, la gestión de prestaciones y recursos públicos, así como los compromisos y responsabilidades que asumen quienes integran el Gobierno municipal. En el capítulo de obligaciones, los representantes municipales deben, pese a que se dé por descontado, «tratar a las demás personas con respeto» y «no perjudicar con sus conductas la imagen» del Ayuntamiento. Es decir, ser ejemplares.

Y dentro de esa ejemplaridad, sus actuaciones deben ser «objetivas». «Evitar prácticas teñidas de favoritismos» y «no utilizar su posición con el fin de obtener ventajas», detalla el documento, que prohíbe también «utilizar ningún bien público para intereses privados». Este código estará vigilado por el concejal de Gobierno Abierto, el secretario del Ayuntamiento, el responsable de personal y un representante de cada formación política. Todos estos miembros se reunirán una vez al año para realizar un informe que corrobore el buen cumplimiento.

En ese cometido, la oposición jugará un papel fundamental. El resto de partidos deberá «controlar políticamente la acción del Gobierno, ofreciendo a la ciudadanía propuestas viables y sostenibles para transformarse en alternativa». Es decir, vehicular propuestas y hacer llegar las demandas de los vecinos.

Ese control también se extiende a la calle. El Ayuntamiento deberá fomentar la participación pública y ejercer un gobierno transparente que impulse la igualdad entre hombres y mujeres. Además, exigen al alcalde «comunicar y explicar las decisiones» que se adopten, así como «supervisar los servicios» para que no se desvíen del objetivo.