La Policía de Berango desalojará a los okupas de los terrenos de la torre Otxantegi

Para el próximo martes, los ciudadanos han preparado «un desayuno desobediente» a las ocho de la mañana, una hora antes de la llegada prevista de la Policía. «Vamos a dejarles claro que no nos rendiremos. Seguimos firmes en defensa de la tierra», afirman. En el caso de las personas que no puedan estar dentro de la vivienda, se ha convocado por diferentes medios una concentración de apoyo a las puertas de la finca a las nueve de la mañana.

En la casa de propiedad privada en el entorno del barrio de Kurtze, así como el terreno que la rodea, alrededor de ocho hectáreas, la plataforma ha puesto en marcha un proyecto agroecológico con una huerta comunitaria. Aseguran que el objetivo no es convertir el espacio en un lugar de residencia, sino ocuparlo a manera de protesta contra la construcción de casi 500 viviendas. «La tierra es de quien la trabaja», subrayan.

Los terrenos que rodean el caserío abandonado es una de las mayores zonas verdes del municipio y desde hace años se contempla su urbanización. La construcción de 2.300 viviendas –451 en el espacio de la torre Otxandategi– está establecida en el Plan General de Ordenación Urbana, avalado en 2019 por el Tribunal Supremo. La familia Aguirre-Lipperheide, propietaria de la casa, considera vender la superficie para que se levanten pisos «por valor de 30 millones», según han declarado los manifestantes.

La plataforma denuncia que ese proyecto «no responde a la necesidad de asegurar el derecho a la vivienda de los vecinos, sino a los intereses de los propietarios y empresas, y el Ayuntamiento es partícipe de ellos», puntualizan. Con su huerta, el grupo de jóvenes pretende demostrar la importancia de producir alimentos de cercanía y la soberanía alimentaria. «No podemos consentir que acaben con todas las tierras agrícolas de Uribe Kosta, que hipotequen el futuro de todas, en favor de los bolsillos de unos pocos», reivindica el colectivo.

El proceso judicial contra uno de los miembros de la plataforma duró casi un año y medio, desde la ocupación en abril de 2022. La sentencia de la Audiencia de Bizkaia le condenaba por un «delito de usurpación» y así se produjo en noviembre la orden de expulsión. Casi seis meses después de la resolución judicial, los jóvenes han logrado aplazar en dos ocasiones el desalojo.

El pasado noviembre, representantes judiciales, junto a los letrados de la propiedad, y acompañados de agentes de la Ertzaintza y Policía Local, acudieron a la vivienda. Sin embargo, ante la posibilidad de que se produjeran altercados y con la presencia de pocos efectivos, finalmente decidieron aplazar el desahucio. Santiago Canales, portavoz de 'Otxandategi Herri Lurra' dijo entonces que «hemos conseguido hacer fuerza y detener el pelotazo urbanístico y la especulación. No nos damos por vencidos, vamos a resistir porque pensamos que estos planes responden». Hace quince días, las autoridades no acudieron también por «falta de recursos».