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Una sanción muy grave con una multa de 500.000 euros, en vez de grave, como finalmente ha sido, y penalizada con 50.000 euros. ... Es el castigo «ejemplarizante» que, en opinión de PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, debería haber impuesto el Ayuntamiento de Getxo a la cooperativa Ereaga Atalaya, a la dirección de obra, al arquitecto y a la constructora por derribar sin licencia un palacete protegido en el centro de Algorta para levantar 12 pisos de lujo. Dos de los compradores- cooperativistas de esta promoción forman parte del equipo de Gobierno municipal, ambos por el PNV.
El asunto no estaba incluido en el orden del día de la comisión de Territorio, celebrada ayer por la mañana en el palacio de Santa Clara, lo que le costó críticas al Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE. En el turno de ruegos y preguntas llegó el rifirrafe político. El PP y EH Bildu denunciaron lo «barato» que sale demoler «edificios protegidos sin licencia» en Getxo.
El responsable de Disciplina Urbanística, Álvaro González, se defendió porque «no nos corresponde a nosotros calificar, por eso precisamente nombramos a un funcionario instructor independiente». Una técnico del área de Planeamiento y Gestión justificó que se trató como «una infracción formal» porque «si hubieran pedido el derribo se les hubiera dado la licencia». Argumentó que la «protección no está desarrollada», aunque para demoler un edificio de estas características deben de darse una serie de condiciones como, por ejemplo, un procedimiento de información pública. En el futuro PGOU no se podrá tirar los edificios con 'custodia municipal' bajo ningún concepto.
«Ahora la cooperativa puede hacer lo que quiera. No es lo mismo tener que preservar el edificio protegido que construir uno desde cero, les va a salir mucho más barato y habéis optado por la mínima sanción», reprochó Eduardo Andrade desde el PP. El portavoz del principal partido de la oposición no escatimó en acusaciones. «La ley dice bien claro que no puede haber un beneficio económico para el infractor y lo estáis permitiendo, está claro que se van a ahorrar una millonada, se ha trampeado desde el principio y hay una concejala que participó en dar una licencia, es cooperativista y coto», censuró.
Pronto pago
«Por pronto pago la multa se quedará en 32.000 euros, 8.000 euros a cada uno de ellos, es irrisorio», denunció desde EH Bildu Ibon Rodríguez. «Al menos podía haber sido una sanción individual y no solidaria» para que ascendiera a 200.000 euros». «No se ha tenido en cuenta que el Ayuntamiento custodiaba el inmueble de 1845», argumentó el edil soberanista.
«No está a la altura, hay dos miembros del gobierno municipal implicados y hay responsabilidades políticas. O se revisa el expediente o alguien debería dimitir», exigió Xabier Benito por Elkarrekin Podemos. EH Bildu pidió además que, en base al artículo 226 de la ley del suelo, «se inhabilite a las empresas para participar en concursos públicos».
Desde el PSE, en el equipo de gobierno, su portavoz Carmen Díaz, defendió la labor de los técnicos municipales en el expediente sancionador. «Se ha considerado grave porque las obras de demolición se realizaron sin contar con la licencia municipal correspondiente», afirmó. «Los servicios técnicos explican que en este caso el edificio sí podía ser derribado, siempre que contase con la licencia correspondiente, que no existía», recordó al tiempo que censuró que «ni EH Bildu y Elkarrekin Podemos han facilitado la aprobación del PGOU, que incluye el catálogo patrimonial de protección municipal que impide los derribos en estos casos». «Se cumplieron las normas, el expediente no es por derribo, sino por hacerlo sin licencia», afirmó la edil.
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