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A pesar de que hoy 12 de noviembre era el día en el que el Ayuntamiento de Getxo debía haber puesto en marcha la comisión de investigación por el caso del palacete derribado en el que están implicados dos concejales del PNV como cooperativistas de la promoción de pisos de lujo, la puerta del salón de plenos ha estado cerrada a cal y canto. No ha tenido lugar la primera sesión. El Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, ha pasado durante los últimos días de puntillas por el asunto. Ni siquiera habían aclarado si iban a cumplir la petición del pleno , aunque se veía venir porque no se difundió previamente un orden del día.
La decisión supone incumplir el mandato del órgano en el que se debaten los grandes temas que afectan a un municipio y en el que está la representación de los ciudadanos. La petición de la comisión de investigación fue presentada por el PP y contó con el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que juntando sus votos tienen mayoría sobre jeltzales y socialistas
El «incumplimiento de la moción»fue duramente criticado por la oposición. El grupo municipal del PP, quiso escenificar la decisión y subió al salón, aunque se encontró con la llave echada a la puerta. «Que la comisión extraordinaria no se celebre, tal y como se aprobó por mayoría absoluta en el último pleno, sólo refuerza la percepción de que se está tratando de ocultar algo sobre el derribo del palacete de Algorta. Esta decisión del PNVcontribuye a alimentar las dudas sobre el proceso y a incrementar la desconfianza de la ciudadanía hacia el equipo de gobierno», aseguró el portavoz popular, Eduardo Andrade. El edil acusó a la alcaldesa Amaia Agirre de «tratar de encubrir a los dos concejales que presuntamente han tenido un trato de favor en el caso de Irurak Bat».
«Quedan todavía 27 preguntas por responder, así que después de lo de hoy estamos a expensas de lo que dicte el juez instructor del caso», añadió el portavoz de EH Bildu, Mikel Bildosola. El soberanista recordó que «nosotros convocamos una comisión extraordinaria junto a Elkarrekin Podemos para aclarar lo que aquí sucedió, no vimos inconveniente en oponernos a lo que proponía el PP ya que era otro intento más en pro de la transparencia, al final todo suma, pero siendo conocedores del actuar de este equipo de gobierno sabíamos que no se iba a celebrar».
El grupo municipal de Elkarrekin Podemos también reconoció que «la moción no es vinculante, ya celebramos una comisión y por la única vía con la que se podía obligar al gobierno a convocarla». El portavoz, Xabier Benito, recordó que «tanto la alcaldesa como el resto de gobierno municipal dejaron patente su falta de voluntad por ser transparentes y abordar de una vez el problema del área de Urbanismo y Patrimonio».
A pesar de no mover ficha, la alcaldesa Amaia Agirre sí mencionó su «compromiso prioritario en esclarecer los hechos». «El PP es plenamente consciente de que los procedimientos municipales establecidos en el reglamento de ordenación municipal para la convocatoria de comisiones informativas extraordinarias», explicó. «Actualmente se desarrollan dos investigaciones paralelas: un proceso judicial y la tramitación de un expediente sancionador. Durante la sesión plenaria de octubre, el equipo de gobierno expresó su disposición a informar sobre los avances de dichas investigaciones tan pronto como se disponga de detalles adicionales. Por consiguiente, se insta al PP a que, en caso de solicitar una comisión extraordinaria, lo haga a través de los cauces reglamentarios y cese en la realización de este espectáculo mediático».
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