El juzgado rechaza el plan de pagos del Ayuntamiento para abonar la indemnización de Barrikabaso

El Ayuntamiento ha decidido no recurrir el último auto del juzgado por el que se rechaza su propuesta para ejecutar aquella sentencia con un pago inicial de 200.000 euros y liquidar el resto mediante cuotas mensuales de 5.836 euros durante 8 años. En lo que no coincidía el Consistorio, y no se recogía en el plan de pagos aprobado, era en los intereses establecidos por la Diputación y que ascendían a 188.000. Esta cantidad se calculó desde el año 2010, según indicó el pasado año el entonces diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, quien detalló que existe jurisprudencia que establece que para el cálculo de los intereses «hay que contar desde que se interpone la reclamación (en 2010) hasta que hay sentencia firme».

El Consistorio se encuentra ahora en una situación de incertidumbre. Según apunta el alcalde, el jeltzale Roberto Muñoz, «se van a analizar todas las posibilidades» para dar cumplimiento a la sentencia del TSJPV. Para ello se analizará con los servicios jurídicos qué opción es la más adecuada. Una podría ser elaborar un nuevo plan de pagos, ya que el abono integró de la indemnización en una sola cuota se considera algo «imposible» por el equipo de gobierno de este pequeño ayuntamiento cuyo presupuesto anual asciende a 1,4 millones. El regidor no descarta pedir orientación a la Diputación antes de decidir cómo se afronta el pago.

El Ayuntamiento y el ente foral fueron condenados por la recalificación ilegal de un terreno protegido de la costa -Barrikabaso-Muriola- para permitir la construcción de 85 chalés y 12 VPO, de los cuales 14 ya estaban concluidas y habitadas cuando el Tribunal Supremo anuló en 2009 la modificación urbanística que autorizó estas obras.

El pasado año el pleno municipal aprobó la modificación del planeamiento en la zona de Muriola para poder dar amparo legal a las viviendas ya construidas. Desde entonces sus dueños han ido regularizándolas para obtener, primero, la licencia municipal de habitabilidad, y poder después inscribirlas en el registro de la propiedad.