Un juzgado de Getxo abre diligencias y asume la investigación del palacete

El magistrado ha tomado la decisión después de que la Fiscalía de Bizkaia pidiera a mediados de octubre investigar la demolición sin licencia del inmueble, construido en 1845 y en cuyo solar estaba previsto levantar 12 viviendas de alto standing. Seis de esos futuros pisos se debían de haber construido en el edificio en cuestión, para lo cual el Ayuntamiento dio autorización de rehabilitar y mantener tres de las cuatro fachadas. La cooperativa Ereaga Atalaya, creada para esta operación urbanística, lo derribó sin embargo en agosto sin disponer de acta de replanteo, el permiso municipal para iniciar las obras. La empresa justificó que no le quedó más opción «al producirse un movimiento de tierras por la rotura de un tubería» en mayo.

El Ministerio Fiscal requirió también hace unas semanas a la Ertzaintza un informe sobre lo sucedido para unirlo a las pesquisas iniciadas. Lo hizo después de que EH Bildu acudiese al Juzgado y solicitase investigar si se había incurrido en un «ilícito penal» al tirar el inmueble protegido. La coalición abertzale requirió la intervención del fiscal «ante la falta de voluntad del equipo de gobierno –formado por PNV y PSE– para esclarecer lo ocurrido».

Que se incoen diligencias supone un paso adelante en el recorrido judicial del caso. Será una vez terminada la fase de instrucción actual y, en base a los informes policiales, cuando el juez opte por seguir adelante con el procedimiento o archivarlo. El caso ha generado un gran revuelo en el municipio. Por un lado, por la perdida de patrimonio que supuso el derribo; y, por otro, porque dos de los socios de la cooperativa son concejales del PNV con responsabilidad en el gobierno local, Inaxio e Irantzu Uriarte.

Los propios vecinos de los bloques contiguos llamaron en agosto a la Policía Municipal para denunciar que la promotora había derribado el edificio. La intervención de los agentes derivó en la apertura de un expediente sancionador de 50.000 euros, que puede quedar a la mitad por pronto pago, y la paralización de la obra.

El caso fue generando más interés porque cinco días después de que EL CORREO publicase la demolición, los dos ediles reconocieron que formaban parte de la cooperativa que promovía la intervención urbanística. Hasta el momento ninguno de los dos implicados han dado su versión de los hechos. En la última comisión se ampararon en la investigación de la Fiscalía para no contestar a las preguntas de la oposición sobre «el grado de conocimiento que tenían de lo sucedido». El PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos –partidos de la oposición– quieren que se aclare «si hubo trato de favor».

En un primer momento la alcaldesa, Amaia Agirre, evitó pronunciarse sobre la polémica. Aunque no ha hablado públicamente sobre ello, contestó por escrito a las preguntas que le remitieron en comisión. En un gesto interpretado como una crisis de gobierno el pasado 26 de octubre decidió mover ficha. Firmó un decreto en el que retiró las carteras de Contratación, Gobierno Abierto y Modernización a Irantzu Uriarte, socia fundadora de la cooperativa de los pisos de lujo. Le compensó con promoción Económica y Turismo. A Inaxio Uriarte, peso pesado del gobierno, le quitó de gestionar el Servicio de Calidad, un departamento clave en el Consistorio.