Pasear por Erandio es encontrar en cada calle una terraza llena de comensales, o casi, según los caprichos de la meteorología. Pero no todas estas instalaciones hosteleras están regladas. Esta situación es, precisamente, la que el Ayuntamiento quiere controlar tras aprobar inicialmente la semana pasada ... la nueva ordenanza que regula la ubicación de mesas y sillas en el espacio público. Cuatro años después de la pandemia, estos elementos se han convertido en una necesidad de los negocios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, explican portavoces de la Asociación de Comerciantes de Astrabudua.
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«Las terrazas son el soporte vital de la hostelería», asegura Diego Etxebarria, secretario de la junta de Comerciantes Unidos de Erandio. Sin embargo «la finalidad primera de la vía pública es el tránsito peatonal y su correcta accesibilidad», recuerda el borrador de la normativa. Los propietarios de establecimientos, por su parte, se han mostrado críticos con un texto que contempla sanciones de hasta 3.000 euros en los casos más graves y abogan por un documento más abierto. En este sentido, piden al Ayuntamiento más cintura: «Hemos hablado con ellos y nos ha dicho que serán flexibles en algunos casos», confían los asociados de Astrabudua.
Los afectados advierten del «enorme perjuicio que supondría frenar la expansión de estos negocios, que solo tratan de satisfacer la demanda de la gente», se queja el hostelero Óscar Agirre. Algunos establecimientos no pueden acceder a las licencias. «Están condenados -sostiene-, dependiendo de su emplazamiento. Zonas peatonales, soportales, calles con aceras estrechas. Coinciden con ellos portavoces de EH Bildu: «La regulación puede discriminar a determinados locales». Un hostelero de la localidad llegó incluso a proponer que pavimentasen unas parcelas de aparcamiento fuera de su bar para poder así poner su terraza y no ocupar la vía pública, pero su moción fue rechazada», relata Etxebarria.
«Existen límites para el uso del espacio», explica el Ayuntamiento de Erandio, que según el texto del acuerdo aspira a «una buena convivencia entre el comercio y la ciudadanía». De hecho, algunos vecinos ya han denunciado la instalación del mobiliario debido a las incomodidades que se generan en ciertas zonas.
«Llevamos años denunciando la falta de control policial, la pasividad del Gobierno municipal y la falta de sensibilidad de los clientes de dichos locales. Generan ruido, profieren gritos, desatan algarabías, alborotos e incluso altercados, especialmente en horario nocturno», indica Daniel Cabrera. Los vecinos recuerdan que los bares tienen la «corresponsabilidad de evitar molestias, ya que ocurren en una parte de la vía en la que se les ha concedido licencia». Para evitar el conflicto, la oposición propone «abrir un debate profundo entre todos los actores implicados» antes de dar el visto bueno final a la ordenanza.
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