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La política de Gorliz atraviesa un momento de fuerte tensión tras la denuncia pública del grupo municipal de EH Bildu sobre una supuesta «paralización institucional» ... en el Ayuntamiento. Según la formación abertzale, el equipo de gobierno, dirigido por Gorliz Bizirik, ha incumplido la ley al no haber celebrado plenos municipales durante cuatro meses, lo que habría provocado «la suspensión de proyectos clave para el pueblo». Ante las acusaciones, ha salido al paso con un comunicado en el que asegura que la coalición soberanista «difunde información falsa con el objetivo de generar inquietud entre la población, lo que supone un delito de difamación». En ese sentido, advierte de que están estudiando emprender acciones legales con el argumento de que sus declaraciones atentan contra la imagen del Gobierno local.
Gorliz Bizirik defiende que los plenos se han llevado a cabo con normalidad. Teniendo en cuenta que la periodicidad es bimensual, las sesiones se han celebrado el 27 de noviembre, el 19 de diciembre y en enero fue el único mes que no se llevó a cabo. Entonces la falta de una secretaria municipal desde principios de año fue el único motivo del retraso en la sesión correspondiente a ese mes. Según la Administración, la nueva secretaria se incorporó el 13 de marzo y el siguiente pleno se pudo celebrar de acuerdo a lo establecido el pasado jueves. Además se tiene previsto «otro encuentro extraordinario para la primera quincena de abril», se indica en el documento.
Eh Bildu también achacaba al Ejecutivo los «retrasos» en la tramitación de asuntos fundamentales como la gestión de los chiringuitos de la playa, la nueva ordenanza de la OTA y «la licitación de este servicio que reportó el año pasado por 280.000 euros», permisos urbanísticos, proyectos acordados en los presupuesto y soluciones a la crisis de vivienda. En estos casos, portavoces del Ayuntamiento detallan que «las contrataciones pendientes avanzan sin problemas». Explican que la aprobación de los locales hosteleros en la playa para este verano se recibió el 21 de marzo y que el tema del hogar del jubilado será tratado en la próxima junta de gobierno.
Respecto a la ordenanza de la OTA, afirman haber enviado una propuesta a EH Bildu y al PNV el 4 de febrero sin obtener respuesta de ninguno de los dos partidos de la oposición. «En cualquier caso, la persona responsable del contrato del servicio de aparcamiento regulado está, y ha estado, a disposición de quien quiera conocer detalles de la situación», aclaran.
El equipo de gobierno ha reconocido, tras un «ejercicio de autocrítica», que en ocasiones no han informado en «tiempo y en forma sobre la evolución de las gestiones que estamos llevando a cabo».
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